Los yerbateros habían trasladado la protesta a Buenos Aires a principios de mes, con la entrega de paquetes de yerba mate a los transeúntes en la Plaza de Mayo, en tanto la semana pasada estuvieron exponiendo su situación en el Congreso Nacional.
En ese marco un diputado nacional, Jorge Franco, de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, propuso integrar un Fondo Nacional de la Yerba Mate, similar al Fondo Especial del Tabaco, que se distribuiría un 20% al INYM, un 40% al tarefero –que realiza la cosecha- y un 40% al sector primario, que integra el pequeño productor, quienes llevan adelante la protesta.
Señaló, en declaraciones al Portal de Télam, que presentará un proyecto de ley la semana entrante para crear la tasa compensadora y de fomento, en el entendimiento que “el Estado debe ejercer su tarea regulatoria”.
Puso de relieve que el tarefero y los pequeños productores son el eslabón más débil de la cadena. El productor recibe $3,20 en lugar del $5,10 para la presente cosecha y también es injusto para el consumidor final -dijo- paga $60 pesos el paquete, lo que muestra una gran diferencia entre el que produce y el que compra el producto.
La iniciativa también implica una modificación a la ley de creación del INYM y responde además a un proyecto de comunicación aprobado por unanimidad por la Cámara de Representantes de Misiones. Ese cambio incluye fijar un precio de salida para la hoja verde, otro para la yerba canchada (molienda gruesa) y otro para molino (elaboración final). Sería un piso del 15% para la hoja verde sobre los costos, un porcentaje del 300% para la canchada y el 550% para la salida del molino.
Los productores que se presentaron en el Congreso la semana pasada denunciaron que los principales problemas que suceden se deben a la situación de posición dominante que ejercen las grandes empresas.
El dirigente de la Federación Agraria Jorge Butiuk alertó que se había acordado un precio de $5,10 pero “a los productores nos pagan tres pesos” y agregó que el Instituto “no controlada nada porque es manejado por las grandes molineros. De los 12 integrantes del INYM, los molineros y cooperativistas dueños de molinos tienen mayor peso en las decisiones y por eso necesitamos que se reestructure el Instituto, que se modifique su estatuto, que tenga representación directa de los productores”, afirmó.
En tanto, el titular de la asociación de Productores Agrarios, Hugo Sand, dijo: “No venimos a pedir plata ni subsidios sino que se cumpla ley y que nos paguen lo que nos corresponde porque, si bien el precio fijado es $5,10, sólo nos pagan tres pesos”.
