En 2001, con la ley 12.726, se dispuso la creación del fideicomiso de recuperación crediticia mediante el cual se transferirían al citado créditos que fueron contraídos originalmente con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y que se encontraban en ese momento en situación tres, cuatro, cinco y seis.
El desafío era recuperar más de $2.000 millones de deuda distribuidos entre 25.000 deudores y 70.000 operaciones. Se conoce que hasta el momento se lograron recuperar 9.000 deudores por $1,3 millones y la transferencia de fondos a la provincia por más de $850 millones.
La cartera de deudores poseía alta vulnerabilidad social y económica, el 46% de los deudores eran familias de ingresos medios y bajos y en su gran mayoría habían tomado créditos hipotecarios o con fines comerciales.
El trabajo en conjunto de quienes componen este fideicomiso permitió que mes a mes más de 200 bonaerenses logren salir de situaciones de incumplimiento, reinsertándose en el sistema financiero formal, lo que les permitió volver a hacer girar la rueda productiva mediante la recomposición de la cadena de pagos y la posibilidad de financiar la adquisición de bienes de capital y consumo.
Se prevé que para cerrar el año el monto ascenderá a más de $1.000 millones. La cartera de deudores estaba distribuida de la siguiente manera: el 54% correspondía a individuos, el 13% está relacionado con el comercio y servicios, el 14% al sector agropecuario, el 4% al industrial, el 1% al de la construcción y el 14% restante a otro tipo de tomadores de crédito que no entran en estas categorías.
En cuanto a la distribución geográfica de los deudores: el 88% presenta domicilio en la provincia de Buenos Aires, mientras que el 10% lo hace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 2% restante en otras jurisdicciones del país.
Al momento de la transmisión de los créditos, el 89% de los deudores de menor monto (23.000) representaban el 27% del total de la cartera ($538 millones).
Según está previsto por ley el fideicomiso se dará por terminado cuando todos los créditos hayan sido recuperados o hayan transcurrido 30 años desde la fecha de suscripción del contrato.
