“Disuélvese la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica actuante en la órbita del Ministerio de Economía, con los efectos y alcances establecidos en el presente decreto”.
Así reza textualmente el artículo 1° del decreto 953/2024 que se publicó este viernes en el Boletín Oficial y que formalizó la medida que sorprendió en el inicio de la semana: la decisión del Gobierno de eliminar la AFIP, aduciendo que su estructura era “ineficiente”, en una medida que implica además desvincular a más de 3.000 empleados que fueron denunciados de haber ingresado de manera irregular durante el último gobierno del kirchnerismo.
En ese marco, como se anunció también, el decreto dado a conocer hoy oficializa la creación del ente que reemplazará a la AFIP: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que absorberá todas las operaciones del organismo recaudador, incluyendo sus recursos, personal, bienes, presupuesto vigente, activos, patrimonio, compromisos, derechos y obligaciones.
“El personal del organismo que se disuelve por el artículo 1° mantendrá su actual situación de revista alcanzado en su carrera administrativa”, agrega el decreto.
También precisa que ARCA “es la continuadora jurídica y mantendrá las responsabilidades, competencias y funciones asignadas por el marco legal vigente a la AFIP” y que “hasta tanto se realicen las adecuaciones presupuestarias pertinentes, los gastos de funcionamiento de la Agencia serán atendidos con los recursos previstos para la AFIP en el Presupuesto General de la Administración Nacional”.
LOS FUNDAMENTOS PARA DISOLVER LA AFIP
En los considerandos del decreto, el Gobierno señala que “ha tomado, desde el inicio de su gestión, distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan”.
En ese sentido, recuerda que “se ha iniciado un proceso de evaluación de la eficiencia organizacional de las estructuras de los distintos órganos y organismos que conforman la Administración central y descentralizada”.
A partir de allí, se detectó que “a lo largo de los últimos años, el referido organismo (por la AFIP) se ha sobredimensionado tanto en su estructura organizacional como en la multiplicación de sectores que no desempeñan, estrictamente, funciones esenciales”.
La consecuencia es que “la estructura y funcionamiento de la AFIP han mostrado limitaciones en la capacidad para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario, aduanero y de la seguridad social, afectando la administración de los recursos públicos y el control de las actividades aduaneras”.
Por eso, “con el objeto de eficientizar los aspectos vinculados con la aplicación y fiscalización del régimen impositivo, aduanero y de la seguridad social, deviene necesario disolver la AFIP, y crear la ARCA, que, con una estructura simplificada, contribuirá a optimizar su operatividad, garantizando una mayor especialización y eficiencia en la ejecución de sus funciones”, agrega el texto normativo.
Además, interpreta que esta medida “permitirá mejorar la calidad y celeridad de los servicios prestados a la ciudadanía, lo que, en atención a la amplitud de responsabilidades asignadas al organismo que se propicia disolver, ha derivado en una dispersión de recursos y un desbalance en la atención a sus diferentes áreas de competencia”.
“Estructura ineficiente”: Milei decidió disolver la AFIP y desvincular a 3.155 agentes
“El nuevo ente a crearse propiciará un aprovechamiento más racional de los recursos humanos y materiales, al permitir la especialización y capacitación del personal en sus respectivas áreas de competencia contribuyendo a mejorar la calidad del régimen impositivo, de la seguridad social y aduanero y fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado ante las demandas sociales y regulatorias que corresponden a cada área”, agrega el Gobierno.
Y completa: “En el mismo sentido, la medida permitirá establecer sistemas de control y evaluación más precisos y focalizados, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas en pos de una gestión pública más eficiente y orientada a resultados”.
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