La Sociedad Rural Argentina considera que los cambios aplicados en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias están en el camino correcto de proteger a los trabajadores de los efectos de la inflación, así como de comenzar sincerar los verdaderos índices del aumento de precios en la Argentina, a pesar de que su beneficio se establecería solo hasta diciembre de 2013, es decir hasta dos meses después de las elecciones legislativas.
Por eso, estos cambios -que durarían para el actual ejercicio fiscal- no deberían ser la excusa para establecer más gravámenes a las empresas, cuando la economía ya soporta una carga tributaria que supera el 45% del PBI, la más alta de la historia. En e se sentido, el nuevo impuesto a la distribución de utilidades empeora aun más la minada competitividad de la actividad agropecuaria.
Por otro lado, ¿si el beneficio para los trabajadores es temporario, el nuevo tributo será también temporario?
El campo tiene una carga fiscal que es un 58% más alta que la del resto de los sectores de la economía ya que se mantienen las abusivas retenciones que deprimen los precios que recibe el productor, a lo que se suman las distorsiones que genera la permanente intervención del gobierno en los mercados.
Además, los costos de los insumos agropecuarios se incrementaron en forma desmedida, reduciendo aún más la rentabilidad de los productores; las valuaciones fiscales y la base imponible del impuesto inmobiliario tuvieron un incremento exponencial; las tasas municipales, entre otros impuestos provinciales y nacional es también crecieron; y no se permite el ajuste por inflación de los balances.
En este contexto, una nueva tasa del 10% para el retiro de utilidades podría hacer inviables muchas empresas agropecuarias, que pasaran a engrosar las más de 60.000 firmas que ya han desaparecido.
Por Luis Miguel Etchevehere. Presidente de la Sociedad Rural Argentina
