Fue en 2009, cuando todavía estaba candente la discusión sobre las retenciones móviles que había generado la mayor revuelta agropecuaria de la historia un año antes: ese año, el Gobierno de Cristina Fernández impulsó el Fondo Federal Solidario (Fofeso).
¿De qué se trataba? De un fondo financiado con el 30% de los derechos de exportación cobrados a las exportaciones de soja y que se transfería, de manera automática, a las provincias, en base a los índices de coparticipación; y que las provincias también tenían que derivar un 30% a sus municipios.
En todos los casos, el dinero de este también denominado “Fondo Sojero”, debía ser invertido en obras de infraestructura; es decir, no se podía utilizar para gastos corrientes.
Fue una manera indirecta de la Casa Rosada de lograr el apoyo de muchos gobernadores a su pretensión de seguir cobrando una alícuota elevada de retenciones –en ese momento, era del 35%–, mientras el malestar en el campo persistía.
Pero la realidad es que esta política se mantuvo casi una década, incluso durante la presidencia de Mauricio Macri, ya que recién se derogó en agosto de 2018.
OTRA VEZ, LAS RETENCIONES PARA OBRA PÚBLICA
Ahora, con la discusión sobre el rol del Estado, el recorte de gastos y el “no hay plata” como lema que impuso el nuevo presidente, Javier Milei, el hijo de quien impulsó el Fofeso volvió a la carga como una idea que no es igual, pero casi.
El diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para crear lo que ahora se denominaría Fondo Federal para el Desarrollo Nacional, y que también tendría como destino financiar obras de infraestructura en provincias y municipios.
La gran diferencia con el modelo anterior es que ahora la propuesta de Kirchner es que sea el 60% de lo que recauda el Gobierno por retenciones a la soja lo que se destine a este fondo.
Además, no se repartiría en función de los índices de coparticipación, sino de acuerdo al siguiente esquema:
- Un 10% de manera igualitaria entre todas las provincias.
- Un 35% de acuerdo a la población provincial, en base a los resultados del censo 2022.
- Un 35% distribuido según el porcentaje de la población de cada provincia en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) existente en cada jurisdicción, respecto al total de la población en hogares con (NBI) en todo el país obtenido del último Censo.
- Un 20% distribuido entre las provincias en función del total de las toneladas de soja producidas en cada jurisdicción, en relación con el total de toneladas de soja producidas a nivel nacional, según los últimos datos disponibles de la Dirección de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Este último ítem sería una de las principales novedades, ya que de alguna manera se cumpliría el reclamo que hace años mantienen las principales provincias productoras de soja sobre la gran cantidad de dinero que se va de sus territorios y no vuelve en obras.
Además de Kirchner, el proyecto lleva la firma de otros diputados del kirchnerismo: Carlos Heller, Emiliano Estrada, Gabriela Estévez, Blanca Osuna, Graciela Parola, Mario “Paco” Manrique, Pablo Carro, Tanya Bertoldi, Paula Penacca, Christian Alejandro Zulli, Sergio Palazzo, Carolina Yutrovic, Itai Hagman y Julia Strada.
