Una docente rural denunció a un productor en Entre Ríos al que acusa de haber hecho una fumigación que afectó a la escuela en la que trabaja y a viviendas de la zona, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.
Se trata de la docente Sandra Aguirre, de la escuela Nº 58 Bartolito Mitre, quien denuinció a la Policía que un productor de la localidad de Espinillo Norte, un poblado rural en el centro oeste de Entre Ríos, fumigó “de manera irregular” la zona en la que se encuentra el establecimiento escolar.
“Alrededor de las 8:20, la ordenanza que estaba en la escuela me avisó que estaban fumigando enfrente de la escuela, cruzando la calle. Ella filmó, mandó el video e hicimos la denuncia en la comisaría de La Picada.Yo trabajo en la escuela y no puedo mirar para otro lado”, dijo la maestra.
Según la docente, durante la aplicación de los productos “no había un profesional habilitado supervisando la tarea y tampoco se habría cumplido la legislación vigente en cuanto al aviso previo”, dijo.
Aguirre precisó que en inmediaciones de la escuela hay viviendas familiares por lo que dedujo que las personas que las habitan también fueron alcanzadas por los agroquímicos.
El juzgado de feria, a cargo de Lautaro Caballo, hizo lugar a la presentación y condenó al dueño de un campo ubicado en Altamirano Norte, en el departamento Tala, a adoptar en lo sucesivo una serie de medidas de seguridad que impidan que la fumigación afecte la salud de pobladores vecinos, como ocurrió a principios de noviembre último.
La firma fue emplazada para que en sucesivas fumigaciones se observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de no utilizar productos con dosis superiores a las recomendadas, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora.
Además deberá acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos, a los fines de que realice los controles.
Otro caso similar ocurrió hace unos meses, donde se dictó como sentencia un año y medio de prisión para todos los responsables.
