El reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que deja en pie lo dispuesto en su momento por el Vocal de la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná, Dr. Daniel Benedetto, respecto de las distancias para las fumigaciones agrícolas, es una nueva demostración del grado de irresponsabilidad y demagogia de la Justicia Entrerriana.
Este fallo, sin respaldo ni criterio técnico alguno, imposibilita la producción en más de 300 mil hectáreas y se trata, sin dudas, de un nuevo golpe asestado al corazón de los productores, quienes ven una vez más como los poderes del Estado provincial juegan a la política dando rienda suelta a viejos rencores, especulaciones y prejuicios ideológicos que en pleno siglo XXI debieran estar perimidos.
La liviandad de aquella medida judicial, respaldada en cierta medida por esta última del STJ, ha dejado una vez más de lado todo soporte científico que incluye estudios avalados por profesionales de reconocida trayectoria; más de 30 demostraciones técnicas realizadas a lo largo y ancho de la Argentina; como así también la legislación comparada con otras provincias y países del mundo.
Asimismo, esa decisión insensata ha dejado de la noche a la mañana a miles de productores al borde del quebranto, sin importar lo que será de sus destinos, ni de los puestos de trabajo de que ellos dependen, ni de los contratos firmados, ni de los créditos asumidos, ni de sus familias. En definitiva, no les importa nada, salvo obtener un rancio rédito político.
Obviamente que de este desaguisado también han participado los demás poderes del Estado: el legislativo y el ejecutivo. De nuestra legislatura aún tenemos frescas las bochornosas imágenes del presidente de la Cámara de Diputados cajoneando un proyecto de ley consensuado.
En tanto, el gobernador Bordet y su equipo, han sido partícipes necesarios de este mamarracho, subestimando la situación y mostrando un doble estándar, con un discurso resbaloso y contradictorio. Por un lado, se dictaba un decreto, se apelaba la medida judicial, y por el otro, hombres del gobierno apoyaban a los que impulsaban este artilugio legal o lo que es peor aún, especulaban con los tiempos electorales, sin importar las consecuencias.
Sin duda alguna, una ley como la que se había consensuado oportunamente entre los distintos actores de la provincia, sería el camino más serio hacia una producción agropecuaria responsable y previsible. Ahora bien, visto y considerando la imposibilidad de que ello hoy tenga curso, cabe preguntarse: ¿Quién va a hacerse cargo de la angustiante situación de los productores a partir de esta medida judicial? ¿Qué va a hacer el gobernador de todos los entrerrianos? ¿Va a seguir contemplando la situación o va a liderar una salida seria y razonable? Recordando que en su momento no dijeron nada ante el cajoneo del proyecto de ley de fitosanitarios que venía del Senado: ¿Qué posición van a tomar los diputados oficialistas esta vez? ¿Van a seguir apoltronados en sus bancas gozando de sus dietas o van a salir a respaldar a los miles de productores, vecinos y ciudadanos que los llevaron a esos lugares? Por ahora, son todos interrogantes sin respuestas.
En tanto, las entidades rurales, representativas de los productores entrerrianos nos declaramos en alerta y movilización, atento a la grave situación que atravesamos y exigimos una urgente y clara postura de nuestros gobernantes. La angustia y la falta absoluta de previsibilidad que hoy sufren los productores son el resultado de la impericia y la irresponsabilidad de los distintos resortes del Estado entrerriano y no estamos dispuestos a avalarlas.
MESA DE ENLACE DE ENTRE RÍOS
(Federación Agraria Argentina -FAA-, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -FARER-, Sociedad Rural Argentina y la Federación de Cooperativas –FEDECO-)
