En el transcurso de la semana, la firma Vicentín cerró un acuerdo con sus acreedores para salir del concurso preventivo. El juez Fabián Lorenzino -a cargo del juzgado de Reconquista- aceptó la propuesta de la cerealera, para cancelar la deuda de la cerealera, que asciende a más de U$S 1.4000 millones.
En paralelo, se conocieron críticas del Banco Nación. Desde la entidad presidida por Silvina Batakis advirtieron que “impugnará por abusiva y contraria a los intereses de la entidad una eventual decisión judicial de avalar la propuesta de pago”.
También consideraron que “el acuerdo preventivo de Vicentin es, desde lo económico, extremadamente desfavorable para el banco” y que “el supuesto compromiso de pago por parte de la cerealera no representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda al Banco Nación”.
Ante estas críticas, la cerealera defendió el plan de pagos y en primer lugar señalaron que cuentan con una mayoría que supera los requisitos legales, al tener la aprobación de un 63% de los acreedores, que representan un 74% del capital adeudado.
Entre sus principales argumentos, Vicentin sostuvo que el acuerdo no solamente protege los intereses de todos los acreedores sino especialmente de los más pequeños y de aquellos cuyos créditos quedaron pesificados.
“EL MÁS ALTO POSIBLE”
La firma reconoció que las pérdidas que producirá este acuerdo son importantes para todos los acreedores, y también para los actuales accionistas, que se desprenderán de casi la totalidad de la sociedad. “El pago que obtendrán los acreedores es, a todas luces, el más alto posible: no existe una alternativa mejor a este acuerdo, ni cramdown ni desguace”, remarcaron.
En este sentido, señalaron que más allá de las críticas, no se acercaron propuestas alternativas. Y advirtieron por los efectos que causaría la caída de este acuerdo: “Lo que devendría es el cierre definitivo de Vicentin, que provocará los efectos conocidos: pérdida definitiva de los créditos para todos los acreedores, la pérdida de todos los puestos laborales, con la consecuente conflictividad social derivada y su posible extensión al sector agro exportador“.
