Luego de conocerse la media sanción del proyecto de Ley de alcoholemia cero al volante, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) reafirmó su rechazo a esta decisión. La normativa busca bajar de 0.5 a 0 el límite de alcohol en sangre permitido para conducir en todo el territorio argentino.
“De aprobarse en el Senado, esta Ley convertiría a Argentina en el primer país vitivinícola en legislar una normativa de tolerancia cero”, advirtieron.
Y agregaron: “Lejos de abordar de manera integral el complejo problema de la siniestralidad vial, sólo pretende instalar una medida punitoria aislada y que atenta contra la propia producción vitivinícola y su patrimonio cultural”.
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Para la entidad, la relación entre el consumo de alcohol y la siniestralidad vial debe ser abordada desde una perspectiva que considere todos los factores que forman parte de dicha problemática.
Con el objetivo de seguir trabajando en la prevención del consumo problemático de bebidas alcohólicas en nuestra sociedad, firmamos un acuerdo con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR) 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/rki7eBdplR
— COVIAR (@COVIAR1) November 10, 2022
PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN
José Zuccardi, presidente de Coviar, explicó que apoyan una ley de seguridad vial, pero con una mirada integral sobre la problemática.
“Que tome los aspectos educativos, de penalización y de medición, pero no una ley cuyo único artículo declara la tolerancia cero”, consideró. En este punto, proponen un abordaje de este tema enfocado en la prevención y educación.
“Creemos que hay caminos alternativos y estamos dispuestos a seguir trabajando para lograr una resolución superadora y no simplista como la que se viene planteando con este proyecto de ley” afirmó Sergio Villanueva, director del Fondo Vitivinícola y de la Unión Vitivinícola Argentina.
Desde el sector insisten en la necesidad de una política pública integral y consensuada, que esté acompañada de acciones como controles policiales viales eficientes y constantes; mantenimiento y mejora de la infraestructura vial y participación del Estado en la formación de los conductores, entre otras medidas.
