La puesta en funcionamiento del Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas se suma a una cantidad indescifrable de trámites burocráticos que debe afrontar el productor agropecuario. Una primera incongruencia nos arroja que frente a la inversión y la apuesta económica que realiza el productor agropecuario en contextos difíciles desde lo climático y económico, como respuesta directa recibe más trámites burocráticos de parte del Estado.
Enumerar la cantidad de registros y regímenes de información que tiene el sector agropecuario sobre su espalda desborda el pensamiento. Registros como el nuevo RUCA son un ejemplo de cuando la información que se solicita puede inclusive duplicarse, más allá de la falta de flexibilidad del sistema a la hora de cambios repentinos de destino, por temas de calidad, climáticos, de acceso, etc.
Enmarcado dentro de una lógica que solo puede explicarse en que aún persiste la presunción de que el sector agropecuario es evasor, en la Argentina ningún otro ámbito económico soporta en su actividad tantos informes, trámites y registros para desarrollar su trabajo.
Por estos días también se intenta disponer como obligatorio que las tareas de carga que se realizan en los silos bolsa sean llevadas a cabo únicamente por trabajadores inscriptos en las bolsas de trabajo de UATRE. De aprobarse se constituiría en una fuerte coerción a la libertad de contratación de los productores agropecuarios, los únicos responsables de sus decisiones de negocio al momento de invertir.
Los costos que castigan a la producción agropecuaria, limando su rentabilidad y las posibilidades de crecer competitivamente de cara al mundo, crecen ante estas arbitrariedades que van en desmedro de mejorar la situación económica, sumiendo al productor de frente a otra incongruencia que contradice el discurso del gobierno nacional que pregona modernización y reducción de costos.
El costo burocrático y normativo al cual estamos sometidos llega en casos puntuales para la ganadería en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires a representar el 2 % de la facturación neta. Guía de Senasa, Guía municipal (que se cobra por cabeza), Permiso de marcación, se suman al absurdo de que los municipios cobren la hoja adicional de Guía a un valor de $ 100 cada una. A eso hay que sumar el tiempo requerido para dichos trámites que en conjunto como mínimo llevan 4 horas.
Además el pago de los ingresos brutos provinciales actúa como barreras internas al comercio y le restan competitividad a las empresas.
La estrategia oficial de la modernización del Estado se cae de bruces en este contexto donde continúan habiendo problemas básicos sin resolver, como la falta electricidad y de conectividad en los ámbitos rurales. Los trámites online que buscan aliviar las gestiones físicas terminan siendo un nuevo problema en un país donde el servicio de internet aún no se ha desarrollado en las zonas rurales.
Ante una exacerbada presión impositiva y fiscal, son muchos los esfuerzos que realizan los productores agropecuarios. El sector necesita caminos transitables, infraestructura hídrica, comunicaciones y conectividad, no más cargas burocráticas que enturbien y encarezcan la actividad.
Intervenir lo menos, dejar hacer lo más, no hacer sentir el peso de la autoridad, es la mejor forma de hacerla estimable, escribía Juan Bautista Alberdi.
Entendemos y respaldamos el discurso oficial que anuncia que se quitarán cargas y costos innecesarios al sector productivo en pos de incentivar la inversión. Cuando al productor se lo deja producir, no se lo agobia impositivamente y no se lo carga de burocracia estatal, los buenos resultados suelen estar a la vuelta de la esquina. Aunque eso sí, no entendemos ni respaldamos la incongruencia de los hechos concretos del gobierno que en la realidad marchan en un sentido totalmente contrario.
Por Dardo Chiesa, presidente de CRA, para la Revista CRA.
