El conflicto de tierras que la etnia mapuche tiene en la Patagonia argentina y chilena se agudizó en las últimas semanas, sobre todo tras la detención del líder Facundo Jones Huala, que lleva más de un mes preso en una cárcel de Esquel, según publicó El País.
El pasado martes, efectivos de Gendarmería Nacional levantaron una protesta en la Ruta 40 en la que, entre otros, participaba Santiago Maldonado, un artesano bonaerense que residía en forma momentánea en El Bolsón.
Testigos afirmaron que el hombre de 28 años fue detenido por Gendarmería Nacional, pero la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich afirmó que “no hay ningún indicio de que se lo haya llevado la Gendarmería y no hay testigos que hayan declarado algo semejante”.
Por tal conflicto, la Sociedad Rural Argentina emitió un comunicado pidiendo que “tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del Sur”.
Compartimos el comunicado completo de la SRA, que poco parece importarle la desaparición de una persona.
Las familias rurales patagónicas, que históricamente han estado integradas con las comunidades originarias en el trabajo y la producción, desde hace un tiempo son víctimas del hostigamiento y el violento ataque del grupo delictivo conocido como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
El accionar violento y la reiterada violación de la ley que lleva adelante esta agrupación nada tienen que ver con la reivindicación étnica.
Entre los delitos por los que esta asociación criminal es acusada está el incendio de viviendas, de bosques, el ataque a trabajadores rurales, la privación ilegítima de la libertad, el abigeato, la usurpación y el daño a la propiedad privada.
Es importante que se esté actuando frente a la problemática, ya que son muchas las familias de productores que sufren la amenaza constante de este grupo criminal, que por años se manejó con total impunidad.
Es hora de que la Justicia aplique la ley en tiempo y forma. A pesar de todas las pruebas que existen en contra de estos grupos criminales, hay jueces que actúan con llamativa demora.
La impunidad para la RAM como para cualquier grupo delictivo tiene que terminar, y para eso, la Argentina requiere de jueces probos y de una justicia ágil, que resguarde al ciudadano que se ajusta a derecho.
