Está demostrado que el principal incentivo para aumentar la producción es el precio más alto que recibe el productor por su trabajo determinado por el juego libre de los mercados. Mucho mejor si dicho valor se fija en un marco de funcionamiento pleno de las instituciones de la República para darle más previsibilidad y sustentabilidad a las inversiones.
Este hubiera sido el contexto ideal para producir y exportar, con un Estado que cumpla solamente con las funciones indelegables, como hicieron los países exitosos que se abrieron a todos los mercados del mundo para crecer, sin pensar en precios internos desacoplados de los externos. Con mayores exportaciones se atiende mejor el consumo interno.
Por eso, quienes defendemos siempre esta idea, aun en los momentos de crisis, podemos afirmar que si el sector agropecuario hubiera trabajado los últimos 10 años con dicho marco institucional, el país estaría produciendo 130 millones de toneladas de granos y hubiéramos achicado a niveles mínimos los 12 millones de pobres que tiene el país. Con 130 mil toneladas y con menos pobres, si podríamos decir que fue una década ganada.
De la misma manera, con una mayor producción de energía, se hubiera evitado la déficit actual de la balanza de pagos, por las abultadas importaciones de energía que se consumen el 50% de los recursos que ingresa el sector agropecuario; un porcentaje que está proyectado que se agrave si no cambian las políticas.
Para aumentar las producciones agropecuarias y de energía, hay que terminar con el impuesto a la exportación que distorsiona todas las variables económicas y la geopolítica del país.
Muchos políticos en campaña hablan de federalismo pero defienden a las retenciones como un instrumento de política económica en defensa de la mesa de los argentinos. Esto, a pesar del fracaso que demostró el abastecimiento de trigo y el precio del pan entre otros insumos.
Otras graves consecuencias del impuestos a las exportaciones, son los menores volúmenes de producciones y exportaciones factibles, que terminaron con los superávits gemelos -bases fundamental del “modelo” de dólar alto con retenciones- que nos llevó a una situación más grave que la convertibilidad, por la política cambiaria y la presión impositiva, a pesar de los valores altos de los commodities.
Lo que necesitan los ciudadanos es que se renueven los políticos en sus ideas y sus dirigentes, para poder escuchar en la campaña electoral la propuesta de un proyecto alternativo para cambiar y conducir el país en los próximos años. Que dejen de mirar el corto plazo y planifiquen un proyecto de desarrollo a varios años para concretar un crecimiento sostenido, en el cual estén incluidos todas las regiones y todos sus pobladores. Pensar que el país pueda seguir dependiendo solo de las buenas variables internacionales de coyuntura, es una nueva utopía que le quiere vender en la campaña electoral.
Para aumentar las producciones y sus transformaciones en origen, con mayor inclusión social en clusters regionales, necesitamos instrumentar políticas de Estado para poder hacer más previsibles las inversiones que necesitan los empresarios, especialmente los sectores agroindustrial que dependen además de factores climáticos y económicos relacionados. Un país que aspira a desarrollarse no puede continuar en un régimen de emergencia permanente. No se puede seguir pensando en crear nuevos impuestos. Hay que reducir primero el intolerable gasto público de un 47% del PBI -que la actividad privada ya no puede atender con la actual presión fiscal de un 42% del PBI- con más razón si el Estado no cumple con sus funciones indelegable, está llevando a endeudarse para poder cumplir y abre la puerta a una rebelión fiscal. No es sostenible por mucho más tiempo, señores dirigentes, este festival de subsidio en el GBA mientras en el interior sus habitantes pagan servicios a valores de su costo.
Los derechos a las exportaciones o impuestos por exportar pueden haber servido para una emergencia, pero no pueden ser una herramienta permanente. No existe en ningún país del mundo que quiera crecer y desarrollarse. En último caso, en forma transitoria, puede cobrarse como retención a cuenta para el pago de impuestos provinciales y nacionales.
Por lo tanto hay que volver a la propuesta que fijo la Constitución Nacional. Hay que discutir y consensuar una nueva ley de coparticipación que se adapte a los cambio estructurales del país y una reforma impositiva basada en los tres principios de la tributación: pagar por lo que se gana, por lo se gasta y por lo que se tiene.
Para poder volver a dicha propuesta que permita cambiar las variables economías actuales, es fundamental terminar primero con la inflación y definir la política cambiaria que nos permita integrando al comercio del mundo libremente.
El Estado tiene que recuperar la potestad de cobrar todos los impuestos a todos los contribuyentes, no solo al sector agropecuario, sin tener que apelar a impuestos distorsivos como son las retenciones, que ya demostraron su nefasta consecuencia a la concentración la recaudación en el Gobierno Nacional.
Han servido para distorsiona el mapa político por la dependencia fiscal que les crea a quienes tienen que gobernar las provincias y los municipios, sin distinción de colores políticos, y la concentración de recurso en el poder central fue responsable de promover la gran emigración de todos el interior a las grandes villas miserias del GBA.
“Sin retenciones crecen las producciones” para poder atender con recursos genuinos todas estas demandas que son urgente revertir si queremos solucionar los problemas económicos, sociales y políticos existente.
Por Arturo Navarro. Consultor Agropecuario.
