A través de un proyecto de ley, la legisladora quiere establecer áreas de seguridad en las que estaría prohibida la aplicación aérea y terrestre de todo fitosanitario sobre las plantas urbanas de las ciudades y otros conglomerados poblacionales, plantas potabilizadoras de agua y reservas abiertas de agua sujeta a tratamiento.
“Los agroquímicos producen efectos tóxicos agudos y crónicos. Los impactos de largo plazo sobre la salud humana pueden resultar tanto a partir de una única exposición a altas dosis de pesticidas, como también de exposiciones a lo largo de un extenso período de tiempo, aunque los niveles de exposición sean bajos. Pese a que la gente no sepa que estuvo expuesta, los problemas consecuentes pueden emerger muchos años luego de una exposición crónica a bajas dosis de pesticidas”, aseguró Di Perna, quien también propone prohibir la utilización de plaguicidas en zonas cercanas a las escuelas y los establecimientos sanitarios.
En las últimas décadas, la Argentina siguió la tendencia mundial de incorporar nuevas tecnologías para aumentar el rendimiento de sus cultivos, ampliando su frontera agrícola, la tecnificación y el uso intensivo de plaguicidas o agroquímicos aplicado a los cultivos y pasturas.
En 1993 aparecieron, a nivel mundial, los cultivos transgénicos, los cuales experimentaron un crecimiento en todo el mundo. En 1996 comenzó en la Argentina la implantación de la semilla transgénica de la soja RR 21, con la combinada siembra directa.
La regulación de la producción y el registro de productos, venta, uso y fiscalización son competencia federales. El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) es la autoridad de aplicación y ejecución de toda normativa vinculada con los agroquímicos.
Sin embargo, “no existe una norma legal a nivel nacional en el marco de los presupuestos mínimos de protección ambiental que contemple una concepción de manejo integral de los agroquímicos, plaguicidas o biocidas”, justificó Di Perna.
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