El Poder Ejecutivo anunció que el 22 de agosto elevaría un proyecto para actualizar la Ley de Semillas (20.247). El objetivo es el de adecuar a la coyuntura actual una reglamentación que fue redactada antes de la aplicación de la tecnología genética a la industria sojera (en 1973). Un mes después, más, el articulado sigue sin ingresar. Se trata de un marco normativo que tendrá fuerte impacto en la actividad del sector que viene con un abordaje demorado.
Cuando se conoció la primera intención de la Casa Rosada, el Congreso movilizó sus engranajes para agilizar su tratamiento. Un ejemplo de ello lo dio la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, uno de los cuerpos encargados del estudio. La presidencia de RRNN, a cargo de Mario Barletta (UCR – Santa Fe), aprovechó el anuncio para habilitar el estudio de los proyectos vigentes que apuntan a renovar la ley de fondo. La intención era ir adelantando las etapas posibles para que, a la hora de discutir la redacción del Ejecutivo, ya hubieran avanzado sobre los articulados que podrían nutrirlo.
Sin embargo el texto no tuvo su debut en el registro de Asuntos Entrados (primera instancia formal que deben recorrer los proyectos de ley). De todas formas, en el despacho del titular de Agricultura Gilberto Alegre (Federal UNA) recibieron un anteproyecto. Aunque algunos de los miembros de ese cuerpo negaron haber sido destinatarios de una copia.
Desde los sectores más radicalizados vinculados al campo, señalan que la demora se debe a una incompatibilidad en el contenido con la empresa Monsanto. Según el anteproyecto al que accedió Directorio Legislativo, la compra de la semilla incluirá los derechos intelectuales y de uso a partir de la tercera multiplicación.
Desde la multisectorial ‘No a la Ley Monsanto’ vincularon la eventual normativa con un intento del Poder Ejecutivo para estimular acuerdos internacionales y ser más competitivo ante mercados voraces. Puntualmente alertaron que se trata de una intención para favorecer el ingreso al Acuerdo Trans Pacífico y a la Alianza del Pacífico. Remarcaron que, con la eventual ley y el ingreso a esos circuitos comerciales, se consagra el “sacrificio campesino”. Y llamaron a frenar la presentación de la ley.
Voces y opiniones se hacen sentir en un escenario variopinto, pero lo cierto es que, si bien se aguardaba un trámite veloz, la redacción parece no contar con el acuerdo de todos los sectores y eso demora el ingreso. En el Ejecutivo se proponen girar un texto que no tenga grandes oposiciones, pero en una temática tan delicada, en la que todos los actores cuentan con un poder de fuego considerable (ya sea por el peso económico, capacidad de movilización o capacidad de cabildeo), los acuerdos parecen recibir solicitudes de modificación por parte de cada sector.
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