Mientras que el Gobierno Nacional podría convocar al Consejo del Salario Mínimo para analizar la posibilidad de elevar el salario mínimo, vital y móvil de $ 630 a $ 850, los trabajadores rurales tienen otra vía de negociación. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario, establecida desde 1980, es el órgano en el cual se debate entre el gremio y las cuatro entidades del campo el valor del trabajo rural.
En la década del noventa, el salario de un peón general rondaba en la mayoría de las provincias los $ 270, un encargado $ 346, y se lo acordaban por separado las catorce comisiones regionales de la CNTA. La situación cambió con la devaluación.
A partir de 2003 se reglamentó, mediante la Resolución N° 11, un básico para todo el país de $ 400 más una asignación no remunerativa en forma escalonada de $ 150. En 2005, la remuneración mínima se garantizó en $ 630 para un peón general y para un encargado en $ 808.
Es decir que entre la convertibilidad y el presente se duplicó el costo de la mano de obra. Por ejemplo, en Chaco y Formosa el desmalezamiento de surcos de algodón se pagaba $ 0,13 cada 100 metros, y con yuyos el valor era de $ 0,27. A partir de este año, se paga $ 0,33 y $ 0,65, respectivamente. En la Patagonia, un esquilador cobraba $ 0,28 por cabeza en 1996 y hoy $ 0,58. Estos costos se trasladaron a las unidades productivas, con diferente impacto según el tipo de actividad.
“La situación es muy dispar, porque una cosa es una producción en la pampa húmeda donde la producción es más extensiva que en las economías regionales donde es intensiva. Nosotros tenemos un trabajador cada 300 ha y en las actividades frutihortícolas y tabacaleras pueden tener de 20 a 30 personas trabajando por ha en plena cosecha. La incidencia de la mano de obra allí es mucho más crítica”, aseveró Guillermo Giannasi, representante de Federación Agraria Argentina ante la CNTA.
“Los salarios estuvieron atrasados durante diez años y no se tocaron debido a que no había rentabilidad en el campo, no éramos competitivos en el 1 a 1. La devaluación trajo un mejoramiento de los precios locales y los salarios se reacomodaron al nuevo contexto. Se duplicaron, pero también subieron los valores de los cereales y las carnes, indicó Abel Guerrieri, representante de la Sociedad Rural Argentina ante la CNTA.
Por otra parte, Miguel Ángel Giraudo, representante de Coninagro ante la CNTA, coincidió con la línea de la SRA. “La salida de la convertibilidad cambió la situación. La rentabilidad del sector mejoró notablemente y la esperanza del surgimiento productivo trajo nuevas propuestas y las exigencias laborales se adecuaron inmediatamente a las reglas de juego”.
“De acuerdo con el último censo agropecuario, el 50% de las explotaciones en la pampa húmeda no superaban las 400 ha, ocupando uno o dos empleados en explotaciones ganaderas, con un salario que oscila de $ 630 a 800, según la escala. Pero este no es el único costo que tiene el productor, también se suman los indirectos de los aportes patronales y el seguro de vida obligatorio que representan 25%, además del pago de celular y otros gastos”, calculó Ricardo Grimau, representante de CRA ante la CNTA y agregó: “El impacto es mayor en las economías regionales. Ni hablar de la cosecha de la yerba en Misiones o de una finca de frutillas en Tucumán, donde se ocupan entre 100 y 150 personas”.
Alexia Giménez
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