Alrededor de 300 personas, entre productores y dirigentes, participaron este sábado en el cruce de las rutas 9 y 178, a la altura de Armstrong, del Encuentro Nacional de Productores de Alimentos organizado por autoconvocados, pero con el apoyo de las entidades rurales.
Fue una movilización destinada a plantear los reclamos del campo contra el Gobierno nacional, pero también una oportunidad para que los representantes de la Mesa de Enlace escucharan de cerca algunas críticas formuladas por las bases.
Mesa de Enlace oyendo a los productores. pic.twitter.com/mA6jgQNU0e
— Autoconvocados del campo (@autoconvDelCamp) January 8, 2022
Hasta esta zona de Santa Fe se llegaron los presidentes de la Federación Agraria, Carlos Achetoni; de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; y de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes. Por Coninagro, en tanto, estuvo presente el vicepresidente segundo y titular de la regional Santa Fe, Lucas Magnano.
Precisamente, fue quien más tuvo que sobrellevar los cuestionamientos que llegaron desde la voz de los autoconvocados o de dirigentes de asociaciones de base del interior, luego de que Coninagro decidiera permanecer en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), a contramano de las otras tres entidades que comunicaron su desvinculación.
Críticas internas
El punto más álgido en ese sentido fue cuando se escuchó la moción de expulsar a Coninagro de la Mesa de Enlace ante esta situación.
Pero no fue la única entidad cuestionada: también un dirigente de Federación Agraria criticó a otros de su mismo espacio que avalan las políticas oficiales. No los mencionaron, pero pareció un mensaje por elevación a Jorge Solmi, que actualmente está en las filas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y a Jorge Ruiz, que será uno de los nuevos nombres del gabinete de Julián Domínguez.
Lo mismo sucede con CRA, que sufrió un sacudón esta semana con la salida de su asesor económico, Matías Lestani, para transformarse en Secretario de Agricultura de la Nación.
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Ante los repetidos reclamos de los productores, Jorge Chemes y Carlos Achetoni intentaron alguna defensa. El titular de CRA reconoció que no han logrado defender los intereses del sector como le gustaría, pero también culpó a la clase política que “nunca se juega”. Achetoni, en tanto, les contestó a los autoconvocados que es difícil avanzar si los productores no están dispuestos a poner dinero en las entidades.
En general, el pedido de las bases fue profundizar las protestas, incluso con la posibilidad de volver a los piquetes en las rutas. Chemes dijo que si efectivamente lo realizado por la Mesa de Enlace no ha dado resultados, no quedará otra que ir hacia ese rumbo; mientras que Achetoni propuso hacer otra asamblea en Alcorta, en febrero, y establecer una proclama de temas que sí o sí deben solucionarse.
Retenciones
En tanto, el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, centró su discurso en el tema de las retenciones. Para esta entidad, son inconstitucionales y ya deberían estar en cero.
“Salimos de acá y le vamos a pedir al gobierno retenciones cero. Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”, afirmó Pino.
“le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”, afirmó Nicolás Pino. pic.twitter.com/e4Uj6NFTwB
— Sociedad Rural (@SociedadRural) January 8, 2022
Mientras se desarrollaba la asamblea de Armstrong, la SRA difundió un comunicado en el que insiste con que el impuesto, como se está aplicando en este momento, es inconstitucional y “no tiene sustento legal”.
La interpretación legal de la Rural (que se puede ver al final de la nota) es que con la no sanción del presupuesto 2022, el Poder Ejecutivo perdió la potestad de fijar estos tributos por decreto, y sí o sí tiene que elevar al Congreso su aprobación.
“El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año”, señaló la SRA.
“No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro”, aseveró Pino. “Desde la Sociedad Rural Argentina exhortamos a las autoridades nacionales a asumir, cada una de ellas, las obligaciones a su cargo, y resolver en forma urgente esta situación inédita y alarmante”, agregó la entidad.
