La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) expresó este sábado su rechazo al aumento de los derechos de exportación para la harina y el aceite de soja.
La entidad, que ya había cuestionado el cierre de exportaciones y lo había considerado ilegal, ahora insistió en que esta medida “atenta contra la industrialización de la soja en el país”.
“Estos productos representan un tercio de las exportaciones totales de la Argentina y se encuentran en el primer y segundo lugar del ranking anual de ventas totales del país al mundo. Esta medida es una clara indicación que el gobierno desincentiva las exportaciones y castiga el empleo industrial, particularmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”, enfatizó CIARA.
Alternativas
Desde su punto de vista, “el Gobierno tenía opciones diferentes al castigo impositivo” y subrayó al respecto que ya entre el 15 de febrero y el 17 de marzo, incrementó en U$S 1.330 millones la recaudación fiscal producto de la suba de precios internacionales.
Gracias a eso, “podría activar mecanismos directos de compensación a los sectores vulnerables, aplicar rebajas temporales de IVA o asistir a productos farináceos y aceites que son los más impactados por las subas internacionales”, interpretó la industria aceitera.
Asimismo, mencionó como otra opción la apertura de cupos de exportación para registrar ventas futuras en 2022 y 2023 de maíz y de trigo que “le podrían reportar no menos de U$S 700 millones no previstos, debido al pago anticipado de retenciones que realiza la exportación; dado que el abastecimiento nacional está garantizado todo el año por el régimen de volúmenes de exportación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”.
Críticas
“Sin embargo –continúa CIARA– el Gobierno decidió subir alícuotas en productos procesados que no afectan el índice de inflación, pero deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo exportador nacional”.
Por eso, aseguró que “toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país”.
En este marco, recordó además que de cada barco de aceite de soja exportado, el Estado se adueña del 46% del valor, cifra que crecerá a partir de ahora.
¿A la Justicia?
Bajo este panorama, CIARA reiteró además que considera que este aumento de retenciones “no tiene legalidad, dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el Decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral”.
Por eso, la industria aceitera advirtió que “las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho Decreto”.
“Atender la crisis de precios internacionales que impacta sobre la población argentina es una obligación del Estado y de las empresas, pero atacar la industria nacional ajena a esta situación es el peor de los caminos”, finalizó CIARA.
