La situación que esta viviendo la provincia por la sequía es alarmante para los trabajadores rurales. Se declaró la emergencia agropecuaria ya en algunas provincias del país, y Entre Ríos exigió lo mismo pero no lo aceptaron.
El escrito presentado tiene un plazo de seis meses, prorrogables por otro período similar, y proyecta comprender a las explotaciones de hasta 800 hectáreas.
Al respecto, la Mesa de Enlace afirmó que “proponer un periodo de 6 meses de emergencia, y con restricciones por tamaño o bien porque el productor retenga pequeñas cantidades de granos, es desconocer totalmente la dura realidad del sector agropecuario entrerriano”.
“En función del relevamiento que ha hecho la provincia con los técnicos de la Secretaría de Producción y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), podemos decir que la sequía ha producido un daño considerable en forma dispar pero en la totalidad de la provincia”, informó Alvaro Gabás, secretario de Producción, cuando dio a conocer el borrador del proyecto de emergencia agropecuaria, quién además había especificado que “el objetivo de la norma es la prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural y sería exigible el pago en setiembre de 2018”.
Desde la entidad remarcaron: “Solicitamos la declaración de emergencia agropecuaria ya que es una herramienta para los productores porque el quebranto será muy grande, y las pérdidas en la cosecha de soja y maíz en la campaña 2017/18 alcanzan los $10 mil millones. Es un número que asusta y que no incluye pérdidas de ganadería y cría, lechería y citricultura, que también están sufriendo”, remarcaron desde la entidad.
Para concluir, los ruralistas exigieron que “Llamamos al Gobierno a que recapacite y no le niegue al sector más dinámico de la economía, un mínimo de acompañamiento que representa reconocer el duro momento que le toca vivir por el impacto de una las sequías de las duras de los últimos 40 años”.
