Tras su aprobación por parte de la Cámara de Diputados provincial, la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF) expresó su “gran preocupación” por el proyecto de ley que aumenta los impuestos a los Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario sobre la comercialización de productos agrícolas y la actividad financiera, respectivamente. Además, le pidió a la Cámara de Senadores que analice la iniciativa con “mayor profundidad”.
La medida que tomó la provincia tiene que ver con la necesidad de sumar recursos propios dada la eliminación del Fondo Federal Solidario y los subsidios al transporte.
Por eso, con el proyecto modifica el Apartado I, del inciso d) de la Ley impositiva Anual N° 3.650 y sus modificatorias, e incorpora al Código Fiscal (ley N° 3.456 y modificatorias) al artículo N° 156 bis.
En concreto, esto significa un incremento de la alícuota diferencial de Ingresos Brutos para la actividad de comercio al por mayor y menor de agroquímicos, semillas y fertilizantes, y la implementación de una alícuota del 1% cuando “la actividad de comercialización de cereales, forrajeras, oleaginosas y cualquier otro producto agrícola sea efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos y sean contribuyentes y/o responsables cuyos Ingresos Brutos superen los $ 289.300.000”.
En cuanto al Código Fiscal, con el Art. 156 bis, se propone incorporar “un adicional de 300% del Impuesto Inmobiliario para todos aquéllos inmuebles que sean utilizados en el desarrollo de actividades de comercialización y acopio de productos agrícolas, de transformación de cereales y oleaginosas así como de actividades efectuadas por los bancos e instituciones financieras comprendidas en la ley nacional N° 24.526”.
Los argumentos de la Bcsf
“El Fondo Soja fue una imperfecta creación surgida de la situación de conflicto entre el Poder Ejecutivo Nacional y el campo, en 2009. De modo que no es razonable invocar el cese de esa anomalía -que en los hechos ha perjudicado a la provincia de Santa Fe- como fundamento de un incremento impositivo que vuelve a afectar al sector más competitivo de la economía provincial”, lanzó la entidad.
En ese sentido, le pidió a la Cámara de Senadores “un más profundo estudio de la iniciativa legislativa” antes de convertirlo en ley, “en razón de la mayor presión impositiva que se ejercerá sobre empresas radicadas en la provincia y su incidencia en toda la cadena agroindustrial, en particular sobre los productores y proveedores del sector”.
Y enumeró los siguientes argumentos para rechazar el proyecto:
• Para lo que resta de 2018, los recursos que dejarán de percibir las provincias vía coparticipación del Fondo Federal Solidario, serán compensados a través de la implementación del Programa de Asistencia Financiera para Provincias y Municipios; Decreto 836/2018.
• A partir de 2019 se espera que la mayor recaudación originada por la disminución de los reintegros a la exportación, genere mayores fondos a ser distribuidos entre las provincias.
• En cuanto a los subsidios al transporte, se trata de un tema que está siendo debatido a nivel nacional. La aprobación de un conjunto de proyectos complementarios que acompañan la ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Nación para el año próximo, por parte del Congreso de la Nación, guarda relación con la constitución de un Fondo Compensador para el Transporte, hasta que las provincias puedan asumir el traspaso.
