Jorge Caivano, director jurídico de esta cámara arbitral, explicó que “la cámara es una entidad privada, una asociación civil constituida por socios que representan a todos los segmentos de la cadena, desde la producción hasta la exportación, pasando por todos y cada uno de los sectores”.
Así, Caivano señaló que las funciones principales de la cámara son: “funcionar como tribunal arbitral o centro de resolución de conflictos, que se pueden producir entre partes, administrar los precios pizarra a través de la coordinación de la labor que hacen los representantes de los sectores en las comisiones, y funcionar como laboratorio de análisis, para lo cual tiene centros de análisis en la ciudad de Buenos Aires, como en Necochea y San Nicolás”.
El directivo destacó que cualquier persona o entidad que pacte que la Cámara será el tribunal arbitral deberá acatar la sentencia dictada por este ente, y consideró que las resoluciones expedidas por la cámara son “obligatorias, inapelables y tienen la misma fuerza y eficacia jurídica que la sentencia de un juez proveniente al Poder Judicial”
Caivano confirmó que la cámara cumplirá los cien años en el mes de mayo y destacó que, desde su fundación en 1905, ha cumplido las tres funciones básicas mencionadas además de algunas otras “que tenía en sus orígenes históricos que hoy han sido en alguna medida asumidas por el Estado”.
Por otro lado, el dirigente consideró que “el aspecto más conflictivo de la labor de la cámara es el tema de los precios pizarra”. Caivano consideró que esto obedece no sólo a la publicidad generada por el tema, sino a que se trata de un proceso que “toca intereses de manera mucho más directa que los otros”.
En este sentido, el funcionario argumentó que “siempre aquel que no le guste el precio sentirá que está siendo perjudicado, cuando en realidad ésta es una tarea muy ingrata”.
De esta manera, explicó que al llevar a cabo este trabajo, la cámara se ve expuesta a un sinnúmero de cuestionamientos y agregó que “no siempre tenemos los instrumentos como para corregir las deficiencias que puedan producirse”.
Finalmente, Caivano resaltó que las muestras sobre las distintas variedades de granos que se producen cada año promedian las 179 mil, mientras que para los casos en los cuales la Cámara interviene como tribunal, la media histórica se sitúa entre los 60 y 70 casos por año, “con picos de 100 cuando hay circunstancias que hacen más litigiosas la situación”.
