Después de más de 10 años de producción a partir de la Ley 26.093, la industria del biocombustible en Argentina generó un círculo virtuoso para las economías regionales y se transformó en un sector que emplea a más de 10 mil personas en zonas donde nunca antes hubo industrias, en provincias como La Pampa, Santiago del Estero, San Luis, Entre Ríos y Santa Fe.
Hoy, la actividad pasa por su peor momento y le exige al Gobierno Nacional definir medidas para que dejen de cerrar empresas. Por un lado, piden definir un esquema de precios que les permita cubrir los costos productivos; por otro, apuntan a restablecer el corte progresivo del biodiésel para alcanzar el 10% como dispone la normativa vigente.
“Hay un aspecto fundamental en la ley, que es la existencia de una fórmula para garantizar la sustentabilidad en la producción. Esa fórmula se debe publicar de manera periódica conforme a las fluctuaciones de los costos de producción. El principal costo es el aceite de soja, que representa casi el 85% del precio. La última publicación que se hizo con precio de fórmula fue en diciembre de 2019. Luego, el 14 de octubre de este año se publicó un precio con un aumento del 10% que no respondió a ninguna corrección de precio conforme al marco normativo“, le explicó a Infocampo el director general de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), Francisco Jáuregui.
Jáuregui contó que, si bien no lograron contacto con funcionarios en la gestión de Lanziani, sí encontraron predisposición cuando asumió Martínez. “Hoy estamos en una situación compleja. Los costos están por las nubes, el aceite de soja está disparado, la brecha es enorme y vemos que hay buena voluntad de los funcionarios, pero hay una imposibilidad de darnos el precio que exige el marco normativo para poder producir. Los combustibles fósiles reciben constantes y periódicos aumentos, mientras que el biodiésel que genera un marco favorable está totalmente congelado”, sostuvo el directivo.
“Es la primera vez en los ocho años que existe la cámara que la industria está planeando cómo desarmarse. Ya no es más sostener la crisis, sino qué hacer el día después. Es urgente que las autoridades le den una solución a esto, ya no hay tiempo de espera”, disparó.
Actualmente, CEPREB representa a 30 pymes regionales que están paralizadas hace cuatro meses. Las empresas presentaron un plan transitorio a la Secretaría de Energía para la reactivación del sector en un mediano plazo. Aún están en negociaciones.
