La reciente comunicación de parte del Gobierno para elevar el precio de todos los biocombustibles generó malestar entre las empresas pymes de la actividad.
Pero también reactivó el anhelo de los exportadores, que en la actualidad están vedados a la hora de operar en el mercado argentino. Ante este cuadro de situación, se generó un contrapunto marcado.
Por un lado, los empresarios pymes piden que el corte obligatorio en el biodiésel, hoy en 7,5%, crezca hasta el 10%, como alguna vez tuvo.
Según expresan, ese crecimiento del 25% en su dinámica cotidiana permitiría, le aseguraron a Infocampo, “tener las plantas trabajando al 100% de su capacidad instalada”.
“Nosotros defendemos a la industria de los biocombustibles en general. Pero el mercado en Argentina está bastante desvirtuado por la macroeconomía, que afecta a las pymes, nuestro sector”, explicó Marcelo Kusznierz, miembro de la Comisión directiva de la unión industrial de Santa Fe e integrante de Cámara de Biocombustibles provincial.
Es en ese punto en que las pymes quieren recuperar el corte del 10% del corte obligatorio. Sostienen que la sanción de la Ley 27.640 en julio de 2021 afectó al sector más pequeño.
“En este nuevo contexto únicamente pudimos llevarlo del 5% al 7,5% justamente por el impacto de la crisis del gasoil, y el Gobierno lo que hizo fue “manotear” al biodiésel para compensar al déficit del gasoil que había”, reflexionó.
LO QUE PASÓ ESTA SEMANA
A comienzos de esta semana la resolución 269 había determinado que “resultaba necesario fijar y publicar en la página web de esta Secretaría el precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil para el abastecimiento del mercado interno”, al hacer uso de la facultad de establecer “mecanismos alternativos” para la determinación del precio.
Días después se confirmó que la acción no cayó bien entre las empresas de pequeña y mediana escala.
“Denunciamos que el Gobierno nacional, una vez más, ha publicado un precio de venta del biodiesel para el mes de abril de manera arbitraria, ilegal y discriminatoria”, sostuvieron desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) y la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer).
Flavia Royon, secretaria de Energía de la Nación.
El comunicado asegura que el Gobierno “puso en riesgo a la actividad” al elevar el precio del biodiésel por tonelada producida hasta los $ 294.430.
“La Secretaría de Energía publicó un precio para el mes de abril sin considerar lo dispuesto por la ley 27.640, los costos reales que tiene la industria y a tan solo 5 días de la finalización del mes para el cual se determinó dicho precio (sin efecto retroactivo)”, plantearon.
“DESTRUCCIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO”
Según la visión de los empresarios, en el comunicado se expresa que la medida “no hace más que contribuir a la destrucción del aparato productivo pyme nacional y el empleo genuino en el interior”.
“Esto atenta contra el desarrollo de las economías regionales, el agregado de valor en origen e industrialización de la ruralidad, la diversificación de la matriz energética a través de combustibles renovables de origen nacional y la desconcentración económica”, estipularon.
Además remarcaron que dada la pluralidad de actores, la sustitución de importaciones de gasoil y la preservación del ambiente y la salud “resulta evidente, e ineludible, la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional en los efectos negativos”.
Las Cámaras advirtieron también que en materia social, ambiental y económica “se están generando efectos negativos deliberadamente al no permitir al sector operar de manera previsible, sostenible y sustentable”.
LOS EXPORTADORES SUMARON SU RECLAMO
Sin embargo el panorama se completa con lo que piden los empresarios de mayor escala. Desde ese lado, y también en diálogo con Infocampo, Luis Zubizarreta habló en nombre de CARBIO, la Cámara Argentina de Biocombustibles.
Se trata de un espacio en el cual tienen representación empresas de mayor escala que las que integran Cepreb o Casfer.
Hoy en día las empresas de CARBIO no están habilitadas para poder operar en el mercado interno de los biocombustibles en general. A raíz de eso y circunstancialmente, en 2022 al desatarse la crisis del gasoil las mismas ofrecieron su producción para aportar mayores volúmenes de biodiésel y elevar el abastecimiento en surtidores.
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Sin embargo, el impedimento se mantiene y el sector pide ser parte del cuadro de operaciones regular en el mercado interno.
“Los que exportamos estamos impedidos de participar en el mercado doméstico ya que la ley nos discriminó”, definió Zubizarreta.
En CARBIO piden que se levante la exclusión y argumentan que sería un factor fundamental para generar mayor cantidad de producto, y contener la inflación en los combustibles.
Luis Zubizarreta, presidente de CARBIO.
“Al estar excluidos de poder vender como pretendíamos en competencia, nos vemos impedidos de colaborar para vender a precios más competitivos en un país que vive el flagelo de la inflación”, reclamó.
Según contó, desde las empresas exportadoras buscan que se mantenga el canal de negociaciones con los funcionarios y retomar el esquema de emergencia que se dio a causa de la crisis del gasoil.
“Estamos de hecho ofreciendo retomar el esquema del año pasado porque esto sería que exista más producto, menos precio en favor del consumidor y a la vez una industria competitiva”, cerró el dirigente.
“NO ENTENDEMOS A LOS EXPORTADORES”
Kusznierz, desde las pymes, expresó que el hecho de permitir el ingreso de las empresas de mayor tamaño en el mercado interno “obviamente genera un conflicto de interés”.
Marcelo Kusznierz
“Nosotros justamente queremos recuperar ese 2,5% que aún nos está faltando. Y estamos en momentos en los que el aceite va a estar escaseando, y los que tienen el aceite son los grandes crushings de la Argentina”, sostuvo.
“Entonces, no entendemos ese reclamo”, manifestó en respuesta.
“Nosotros queremos recuperar el mercado que perdimos y asegurarnos un precio competitivo. Por eso nuestro reclamo hacia la Secretaría de Energía”, cerró el representante pyme.
