El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación considera “clave” la sanción de una Ley de Humedales para elaborar un inventario que permita planificar acciones sobre esos hábitats, no sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino también con una visión integral de conservación de la biodiversidad y de uso sustentable de la naturaleza.
Así lo expresó en una entrevista con Télam el secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y ex director de la Fundación Vida Silvestre, Diego Moreno, quien admitió que el proyecto parlamentario defendido por Cambiemos “no plantea en un 100 por ciento” los criterios sobre humedales del Ministerio, que pretende “compatibilizar las miradas” de los sectores productivos y de los ecologistas sobre cómo deben ser utilizados esos territorios.
Frente a las múltiples posiciones, el Ejecutivo evitó enviar una iniciativa propia y dejó en manos del Parlamento la resolución del debate, que apuntaría -con el acuerdo con las provincias- a replicar para los humedales los logros de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007.
Esa norma estableció un ordenamiento territorial de los bosques a través de un proceso participativo y categorizó los usos posibles de esas tierras, desde su conservación absoluta hasta la posibilidad de ser transformadas para agricultura sustentable u otros usos.
A continuación, la entrevista con Moreno:
¿Cuál es la posición del Ministerio sobre el debate parlamentario en torno al proyecto para proteger los humedales?
Para nosotros es muy importante la sanción de la ley porque nos daría una herramienta fundamental. La ley apunta a saber con qué recursos contamos, qué valor tienen y qué planificación del uso hacemos para que no sea sólo con una mirada productiva o de desarrollo urbano, sino integral, aplicable a la conservación de la biodiversidad y a un uso sustentable de la naturaleza. Hasta ahora no hay una legislación uniforme en todas las provincias sobre humedales. No hay un estándar nacional. No tenemos ningún instrumento directo para interferir en las provincias. Se trabajó en algunos casos, en proyectos específicos con cuencas que cruzan varias provincias, pero no hay ninguna norma de base de la política ambiental nacional.
¿Por qué es tan dificultoso el consenso y se demora tanto el acuerdo parlamentario?
Sobre un territorio hay distintas expectativas de uso. Hay sectores ambientales que sostienen que esa área es importante para conservar la biodiversidad, la provisión de agua o prevenir inundaciones; por otro lado, hay sectores productivos que dicen que esos terrenos tienen un valor importante desde el punto de vista de la producción y una ley muy restrictiva les va a frenar oportunidades de desarrollo a nivel local. Son las discusiones que se tienen que dar. La idea es encontrar un equilibrio entre un desarrollo como venía haciéndose hasta ahora -sin ningún tipo de consideración o limitación ambiental- y un desarrollo que esté en línea con parámetros ambientales. En el ámbito del Poder Ejecutivo se está tratando de generar consensos con otros ministerios sobre algunos aspectos que consideramos relevantes que deben estar contenidos en la ley. Algunos de ellos figuran en el proyecto de las senadoras María Magdalena Odarda (Frente Progresista-Coalición Cívica-ARI) y Teresa Luna (FpV), y otros, en el que impulsa la comisión de Agricultura que preside Alfredo De Ángelis (PRO).
¿El proyecto de Cambiemos se ajusta a las prioridades que plantea el Ministerio?
El proyecto del PRO no es 100 por ciento lo que a nivel Ejecutivo estamos planteando. Incorporó algunas cuestiones que se habían conversado entre ministerios, otras que había planteado el Consejo Federal de Medio Ambiente (reúne a representantes provinciales y nacionales del área de Ambiente), y aportes de los legisladores de la comisión de Agricultura.
Entonces parece que resulta difícil ponerse de acuerdo
Es difícil. Bastante difícil. Lo tiene que resolver el Congreso. Nosotros participamos de las reuniones, llevamos nuestra opinión. En su momento se decidió no presentar un proyecto del Ejecutivo sino trabajar sobre las iniciativas que ya estaban en el Congreso, justamente para no alterar la estrategia legislativa porque subsistía una distancia muy grande entre esos proyectos y lo que nosotros estábamos planteando. Pensamos que, con algunos ajustes en la discusión parlamentaria, se podía lograr un proyecto que nos incluyera y eso es en parte lo que está ocurriendo.
¿Cuáles son para el Ministerio los puntos fundamentales que debe contener la ley?
1) Que el Ejecutivo Nacional sea el encargado de hacer el inventario de humedales, que exista una metodología uniforme, consensuada y unificada, a través de una red técnica. 2) Que cada provincia, una vez que esté elaborado el inventario, defina su ordenamiento territorial: cuáles son los humedales que deben ser protegidos, cuáles pueden tener algún uso productivo y cuáles no son tan relevantes y pueden ser modificados sustancialmente. Es de competencia provincial definir qué hacer con ese recurso. 3) Que haya participación ciudadana, liderada por la autoridad de aplicación en cada distrito, con el aporte de equipos técnicos, académicos y de organizaciones no gubernamentales. Se trata de compatibilizar las distintas miradas que hay en la sociedad: que el sector productivo y el ambiental lleguen a algún tipo de consenso sobre cómo van a utilizar el territorio. 4) Establecer el tipo de actividades permitidas o prohibidas en cada una de las categorías de humedales. El proyecto de Odarda es bastante restrictivo para todas. Lo acordado con otros ministerios es que está muy bien que haya medidas proteccionistas para algunos casos, pero podrían ser más flexibles en aquellas áreas que tienen menor valor ambiental y alto potencial productivo. Sería una forma de compatibilizar.
¿El Ministerio ya está elaborando un inventario de humedales?
Sí, más allá de la discusión parlamentaria, nosotros empezamos, porque un inventario es necesario para cualquier política de Estado. Hicimos convenios con cinco universidades (del Litoral, San Martín, Salta, Tucumán y la de Buenos Aires) y elegimos zonas prioritarias: el Delta, Corrientes, la Puna y los salares. Es una experiencia piloto porque los humedales son muy diferentes y hay que validar una metodología que sea igual para todos los casos. En dos o tres años podríamos llegar a tener el inventario nacional completo.
¿Existen humedales o regiones en riesgo por el avance inmobiliario?
La zona de la cuenca del Río Luján es una de las más críticas. En ese lugar, como no había un análisis territorial, se avanzó con barrios y countries sobre zonas que funcionaban como esponjas ante las inundaciones. Al haber rellenado esos sitios, la función se perdió y el agua se desborda. Una ley nacional es la base para que las provincias hagan su ordenamiento territorial. Se crea un régimen de sanciones y se establece que las autoridades de aplicación provinciales auditen el impacto ambiental y puedan penalizar a nivel local.
¿Hay forma de revertir el daño detectado en esas zonas?
Hay forma de mitigarlo. En Pilar, que tiene varios problemas por el avance de la urbanización, se está haciendo una experiencia interesante que pasa por acordar con los countries para que, en épocas de fuertes lluvias, permitan inundar las canchas de golf o ciertos espacios internos y de esa manera mitigar las inundaciones en los alrededores.
