El paro que iniciaron el pasado 3 de abril los transportistas de carga en Tucumán generó tensión en toda la cadena del citrus, que en las últimas horas salió a pedirle al gobierno provincial que “garantice el derecho a la libre circulación” y “evite el caos”.
Para los productores, empacadores, industriales y exportadores, la situación representa una “grave afectación a la campaña citrícola”, y aseguró que en las últimas horas el sector registró “amenazas, bloqueos de vías de comunicación y coacciones arbitrarias e ilegítimas” por parte de los empresarios del transporte.
En ese sentido, la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), que nuclea a esa parte de la cadena, expresó su “preocupación y repudio”, y recordó que “cualquier modo de protesta que implique violencia, alteraciones a la seguridad o medidas perjudiciales contra las empresas y sus trabajadores son siempre ilegales”.
“Las tarifas deben ser acordadas sin coerción alguna”, remarcó en relación al reclamo de los transportistas, quienes aseguran que los valores que paga la industria no están actualizados. “La libre fijación de las tarifas es un derecho y atienden a la ley de oferta/demanda”, afirmó la ACNOA.
Y, en esa línea, le respondió a la Asociación de Transportistas de Cargas de Tucumán (ATCT) al asegurar que la entidad “puede establecer tarifas indicativas, pero bajo ningún concepto puede obligar a las partes a adoptarlas”.
“Paralizar por la fuerza el desarrollo de la campaña 2019 implica gravísimos perjuicios económicos para los afectados y para la provincia, como es la pérdida de más de 20.000 jornales diarios en la ocupación de mano de obra directa, lo que es grave en todo momento y en especial en la actual crisis que atravesamos”, denunció.
Ante este escenario, los industriales del sector pidieron a ATCT que “decline su postura” y restablezca la “paz social y normal desarrollo de las operaciones”.
Asimismo, le solicitó al gobierno de Tucumán que “garantice mediante las fuerzas de seguridad el derecho a la libre circulación en las rutas, acceso a las propiedades privadas, libre comercio, industria y a la integridad física de las personas que ejercen libremente su vocación de trabajar, ante actitudes vandálicas con impredecibles consecuencias”.
Finalmente, le exigió al Ministerio Público Fiscal de Tucumán que “haga respetar el orden jurídico en las actuaciones que tramitan a su cargo”.
