La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), ante la propuesta de reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, expresó su oposición por considerar que el momento de tratamiento es “inoportuno en virtud de la relevancia de dicha reforma para el futuro funcionamiento de la república y por el indebido aporte a la confianza que necesita en este momento nuestro país para poder recibir inversiones”.
“Alarma a la Confederación la falta de previsión y de racionalidad que muestra la política, la decadencia moral e intelectual de muchos de sus intérpretes que, transmitida al cuerpo social augura solo mayor decadencia, y la falta evidente de factores de equilibrio para pensar en una salida digna, en donde se torna imprescindible reivindicar principios y valores que están sin duda alguna en peligro de extinción”, señala el comunicado.
Según la organización rural, “la sucesión de diversos gobiernos, de distintos colores políticos, que han administrado el Estado con total impericia, lo han convertido en un remedo caricaturesco de lo que debe ser”.
“Desviado de su sentido por manipulaciones, saqueado por corrupciones, tergiversado por ambiciones e intereses ilegítimos, ya no es el representante nato del interés general de la sociedad, sino un ente paralelo a ella, separado por una profunda grieta de la realidad de los ciudadanos”, aseguró Carbap.
“Entendemos que no es verdad que nuestra Constitución Nacional esté obsoleta para regir las nuevas necesidades aparecidas desde su creación. Solo una opinión intencionada puede sostener tal falacia. Por el contrario, está viva en su espíritu, principios y valores que la inspiraron en su origen, y su texto unívoco está plenamente vigente, pese a los enormes esfuerzos de algunos en degradarlo y desestabilizarlo con falsas interpretaciones, pecado en el cual ha colaborado la decadencia de la calidad de la Administración de Justicia”, amplía el comunicado.
Los ruralistas afirmaron también que las “comunidades rurales, encuentran el respaldo en la Constitución para el desarrollo de sus vidas y actividades, pese al cada vez más frecuente desamparo de nuestros derechos ante el poder público, que no solo desatiende su obligación de garantizarlos, sino que los atropella cada vez que le conviene a sus intereses o ambiciones”.
Ante tal panorama es que CARBAP declara: “su férrea decisión de defenderla, en beneficio de todos; su voluntad de exigir con firmeza una profunda recomposición de las conductas públicas que nos asegure un Poder Ejecutivo respetuoso de la división republicana de poderes; un Poder Legislativo compuesto por ciudadanos que ganen, cada uno, su representación, sin depender del partido ni mucho menos de un jefe político que lo instale en una banca, y que tenga como límites el mandato de sus electores y su propia conciencia; un Poder Judicial con jueces de carrera con ascenso por mérito, independientes, objetivos y probos”.
“Como ciudadanos y productores agropecuarios aspiramos pues nada más y nada menos, que a recomponer nuestras actuales instituciones, restablecer el estado de derecho destruido por el reiterado ejercicio espurio de las funciones públicas, revirtiendo la persistente tendencia a imponer en vez de proponer, de presentar hechos consumados en vez de consultar y dialogar, de vivir haciendo excepciones prebendarias, de declarar emergencias ante crisis que se provocan en y desde el propio Estado, y usarlas para la arbitrariedad y las tendencias totalitarias”, indicaron los ruralistas.
Por último, CARBAP entiende que, “hoy más que nunca, es necesario dar señales que generen confianza para las inversiones de corto y largo plazo, en donde decisiones como la del avance sobre la propiedad privada –decisión de expropiación de Vicentin- o de generar mayor inseguridad jurídica –reforma judicial- no aportan en ese sentido”.
