El Gobierno está firme en sus convicciones de evitar aumentos de precios de los alimentos y, de acuerdo a las últimas medidas tomadas, la carne es el foco principal de atención.
En las últimas horas del martes, una información resonó fuerte en el Mercado de Liniers, la cual fue dada a conocer por el sitio de noticias delsector.com, especializado en el movimiento comercial que surge en el centro concentrador de hacienda.
El periodista Silvio Baiocco informó que, un “pez gordo” en Liniers, el supermercadista Coto fue suspendido como operador, luego de la compra de un lote de novillitos, de 400 kilos, por el cual pagó 198 pesos el kilo vivo.
Aunque el lote no tuvo un precio máximo para la categoría este martes ya que el novillo pesado (430 kilos) tocó un techo de 200 pesos por kilo vivo, según indicó Baiocco, cuando el Gobierno supo que ese precio lo convalidó el supermercado definió “deslitar” parcialmente a esta figura, una orden que impartió desde la Secretaría de Comercio Interior.
Bajo este contexto, impera el malhumor entre los consignatarios en el Mercado. Asimismo, también se reconfigura el mapa de operadores en el centro concentrador ya que Coto es una agente pesado de la demanda allí, el cual que no estará presente por varios días desde este miércoles.
Mirá también Las medidas del Gobierno ya impactan en el precio de la carne: cayó fuerte el valor de la vaca en Liniers
Sin embargo, esta no fue la única noticia de sanciones en los últimos días.
En un comunicado publicado por Ministerio de Desarrollo Productivo, este lunes, informa que la Secretaría de Comercio Interior decidió multar por 5 millones de pesos, la pena económica más alta, a la cadena de supermercados Cencosud, empresa que nuclea a los supermercados Jumbo, Disco y Vea.
El motivo de la sanción, que reconoce la Secretaría, fue que en marzo 2020 la empresa realizó una estrategia de publicidad para la tienda virtual del supermercado Jumbo, que indujo a realizar compras alentando el “temor al desabastecimiento”.
De esta forma, reconoce el Gobierno, “la conducta señalada incumplió la obligación de brindar información cierta, clara y el deber de protección de la salud e integridad de las y los consumidores”.
Según el argumento del Gobierno en el comunicado, la publicidad en cuestión se difundió por redes hasta el 22 de marzo 2020, es decir, aún después que el Poder Ejecutivo Nacional decretara la emergencia sanitaria y 11 días después que la OMS declarara la situación mundial como pandemia.
