En medio del debate por el precio de los alimentos, el Gobierno Nacional decidió este miércoles imputar a grandes empresas por “desabastecimiento” de productos de consumo masivo.
La denuncia la realizó la Secretaría de Comercio Interior de la Nación,a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), y las empresas imputadas son Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian.
En concreto, se las acusa de “retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”.
Según se informó desde el Ejecutivo, antes de imputarlas se verificó que las empresas habrían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, lo que establece la Resolución 100/2020 y sus modificatorias en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. “En rigor, dicha resolución, que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos, tiene como finalidad proteger a los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados”, señaló.
“Durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, inspectores de la SSADC identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. A partir de esta evidencia, se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021″, informaron desde la Casa Rosada.
Y remarcaron que del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó “una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos”.
Como ejemplos, citan los de la multinacional Unilever con “una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos”; la multinacional alimenticia Danone con “una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres”; la multinacional Procter & Gamble (P&G) con una “reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes”; la panificadora y elaboradora de pastas Fargo con “una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades”; la local Aceitera General Deheza (AGD) con “una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones”; Molinos Río de la Plata con “una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites”; la global de agronegocios Bunge con” una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas” y la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini sin información “con el detalle requerido para realizar un análisis completo“.
En ese sentido, se aclaró que en los casos de reducción de la producción o distribución, las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de cinco días hábiles acrediten ante la SSADC de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma y se les requirió que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización.
