Funcionarios de distintas áreas del gobierno como Paula Español, secretaria de Comercio Interior, y la economista y diputada Sandra Vallejos amenazan con aumentar las retenciones al trigo y al maíz ante una creencia generalizada y errónea, por cierto, de que haciéndolo se solucionan todos los problemas del precio de los alimentos. Vamos a analizar esta supuesta medida sobre la base de los dos efectos que podría tener.
En primer lugar, el análisis del beneficio de recaudación para el gobierno a mi entender es el principal motivo oficial para pretender aumentar las retenciones. Me cuesta creer que funcionarios piensen que aumentando las retenciones puedan influir en la baja en el precio de los alimentos. En segundo lugar, voy a analizar el impacto real que tiene dicha medida en el precio de los alimentos.
Veamos: subir las retenciones de trigo en estos momentos no tiene ningún impacto positivo para la recaudación del gobierno, ni en el ingreso de divisas ni en el supuesto ingreso adicional en concepto de de retenciones por sí mismas. Esto es por la sencilla razón de que los exportadores ya tienen todo el saldo exportable comprometido, registrado y a su vez ya comprado a los productores. En estos momentos, los exportadores tienen registradas DJVE por 9,65 millones de toneladas, con el porcentaje permitido de sobre aplicación que llega a casi 10 millones de toneladas, y las compras a productores totalizan 10,2 millones de toneladas. En conclusión, cualquier aumento en las retenciones no tendría ningún tipo de efecto concreto en el ingreso adicional para el gobierno, considerando la actual cosecha 2021/21.
Si analizamos la futura campaña de trigo 2021/22 se puede ver que los exportadores ya tienen registradas DJVE por 2,1 millones de toneladas de trigo de la nueva cosecha. En este sentido, es probable que cuando el gobierno decida aumentar las retenciones a la exportación de trigo, los exportadores ya tengan registradas a este ritmo más de 6 millones de toneladas. Y el aumento teórico de las retenciones tendrían un efecto marginal sobre los ingreso al Estado Nacional por este concepto.
Con respecto al impacto del precio del trigo en el caso de la cadena de panificación, la Fundación FADA publicaba en el mes de febrero que el pan francés “tuvo un precio promedio de $135,43 por kilo, de ese precio el trigo representa el 12,9%, el molino el 5,2%, la panadería el 60,4% y los impuestos el 21,5%”. Por otra parte, señalaba que dicho precio está compuesto en un 67% de costos, el 21,5% impuestos y el 11,5% ganancias. “Desde febrero 2021 a agosto 2020, aumentó la participación de los costos y se redujo la de impuestos y ganancia global“, remarcaba. El informe indica que el precio del trigo se multiplica por 7 desde el campo hasta que el pan llega a la góndola. Y cuando se analiza el pan, se observa que la cadena viene incrementando la participación de sus costos en el precio final, acompañado de una caída en la rentabilidad. “Los costos de casi todas las actividades aumentaron por encima de la inflación y por encima de los precios de venta (trigo y molino) existiendo un importante desfasaje entre precios y costos”, dice. Paralelamente, el ultimo informe de FADA de mayo actualiza lo que sucede con el trigo y el pan, y resalta que el trigo representa el 13% del precio del pan. “Subir los derechos de exportación al trigo podría generar un impacto en el precio del pan de sólo el 1,3%, o sea poco más de una semana de inflación”, resume.
En el caso del maíz, los exportadores ya tienen registradas ventas DJVE por un total de 26,6 millones de toneladas. Con el 4% permitido de aplicación máximo de los registros se llega a un total de 27,7 millones de toneladas. Las compras totales de maíz llegan a 25,6 millones de toneladas, cubriendo de esta forma casi todos los registros de exportación. Asumiendo un saldo exportable de 36 millones de toneladas quedaría un volumen pendiente de registrar de 8,3 millones de toneladas. El aumento de las retenciones del 3%, del 12% actual al hipotético 15%, considerando un precio FOB de 265 u$s/ton, es el equivalente de 8 u$s/ton o de 66,4 millones de dólares.
Otro dato a tener en cuenta, que deben saber los funcionarios del gobierno, es que el 3% de aumento en las retenciones al maíz, como indicamos, equivale al 8 u$s/ton. Y el mercado la semana pasada acusó una baja de 30 u$s/ton en las cotizaciones del maíz en Argentina como consecuencia de la baja registrada en los mercados internacionales. Con esta realidad de mercado deberíamos decirle al gobierno y a sus funcionarios que no hace falta que aumenten las retenciones al maíz para bajar su precio interno, el mercado ya hizo el ajuste por sí mismo, y por un equivalente de aumento en las retenciones mucho mayor, del 11%.
Casualmente, el último informe publicado por FADA decía que el maíz representa el 11% del precio final de la carne. El informe indica que “si aumentaran las retenciones en el 10%, a saber del 12% actual al 22% hipotético, se mejoraría el precio de la carne solo en un 1,1%, cuando la inflación mensual se ubica en un nivel del 4%”. Esta mejora en el precio de la carne, ahorro puntual por única vez, equivale a solo una semana de inflación.
Si aplicáramos el mismo análisis a un aumento de solo 3% en las retenciones, del 12% al 15%, que el gobierno lo puede hacer sin necesidad de la aprobación del Congreso, la mejora en el precio de la carne podría estimarse en un 0,3%. Como se puede apreciar el impacto sobre la baja en el precio de la carne seria muy poco significativo, y la medida sería vista como una acción principalmente recaudatoria.
Otro tema para dejar planteado y no es menor, debido a la mejora de los precios internacionales, es que el ingreso de divisas en el 2021 versus el 2020 aumenta en u$s 9,649 millones. Y lo más relevante, el ingreso adicional por retenciones al gobierno, por esta mejora de los precios, se estima en u$s 2,258 millones. Dicho esto, con este aumento en la recaudación por retenciones, ¿tiene sentido aumentar las retenciones actuales de trigo y de maíz? Y no hemos analizado, pues no es el objetivo del presente análisis, cuál seria el impacto negativo de dicha medida en las expectativas de siembra y aplicación de tecnología por parte de los productores, de cara a la nueva campaña 2021/21.