– ¿Cuánto es el 100% de cero?
– ¡Cero!
Ante semejante obviedad, ¿por qué será entonces que el gobierno se empeña en mantener altos impuestos de exportación en cultivos que cada vez se achican más, entre otras cosas, porque su rentabilidad desaparece por las excesivas retenciones?
El caso del girasol es una demostración clarísima: con retenciones de 32% para el grano y de 30% para el aceite, a pesar de los buenos precios internacionales, según cálculos de Asagir, donde se reúnen todos los eslabones de la cadena girasolera, sobre algo menos de US$ 1.000 de resultado promedio por hectárea para un cultivo de 20 quintales, el Gobierno se queda con aproximadamente US$ 300, la industria con unos US$ 50, el costo de implantación y comercialización insume otros US$ 270/290 y, finalmente, al productor/inversor, que consiguió la plata y corrió el riesgo climático y de mercado, le quedan bastante menos de US$ 280 por hectárea, después de descontar los restantes impuestos nacionales.
Al margen del socio parásito (oficial) que se queda con el 30% de lo producido sin invertir y sin arriesgar, esto sólo ya justificaría que, si bien llegó a tener un área de más de 3 millones de hectáreas a mediados de los ’80, ahora se considere un logro “arañar” apenas los 2 millones de hectáreas, aunque la demanda mundial esté firme y no haya muchos países competidores.
Ahora, también se podría hacer otro cálculo mirando el tema desde un ángulo distinto: si el Gobierno redujera las retenciones a la mitad (o sea, al 15%, que sigue siendo una enormidad) de todos modos aumentaría sensiblemente la recaudación ya que se estima que la producción podría aumentar entre 50% y 70%, rondando así los 5 millones de toneladas anuales desde las 2,8/3,2 que, en promedio, se obtienen ahora. Incremento que totalmente se destinaría a la exportación ya que el mercado interno está cubierto. Para evaluar el estancamiento forzado de este cultivo, solo basta señalar que el girasol ya había superado el millón de toneladas de cosecha a principios de la década del ´40 (¡hace 70 años!) cuando los rindes apenas alcanzaban los 800 kilos por hectárea, mientras que ahora se ubican por encima de los 2.000.
En el caso de optar por esta estrategia, el gobierno no solo recaudaría más por el gravamen a la exportación, sino que aumentaría sustancialmente su percepción por Ganancias, IVA, etc., sin olvidar la mayor actividad económica.
El productor diversificaría, la industria podría asegurar su materia prima y, especialmente, se reduciría el impacto ambiental negativo al incorporarse otra especie a las rotaciones, minimizando así los perjuicios del monocultivo.
¡Todos ganan!
Es difícil encontrar las razones por las cuales a los actuales funcionarios, aun si no tuvieran el conocimiento técnico, les resulta tan complicado comprender algo tan obvio y elemental. Excepto, claro está, que si lo entiendan, pero que no lo quieran hacer.
Para algunos grupos de análisis esta es la verdadera razón de fondo ya que, al margen de lo que se declaraba hasta no hace tanto, respecto a la “sojización”, al “yuyo”, etc., la realidad es que desde el primer momento en 2003, la Administración K dependió fuertemente de la soja y buena parte de todas las medidas que fue tomando luego apuntaron a favorecer el avance de esta oleaginosa.
Tanto fue así que en aquella época al ex titular del Ejecutivo, Néstor Carlos Kirchner, se lo caracterizaba como “el Presidente de la soja”, debido al fuerte soporte económico que representaba ese cultivo para su gobierno.
Desde entonces, lejos de buscarse un equilibrio, se acentuaron las medidas que determinaron en un primer momento la caída arbitraria de renta de la mayoría de las actividades competidoras (ganadería, tambo, etc.), lo que luego alcanzó también a los cultivos como girasol y maíz para, finalmente, vía el discrecional cierre y restricción de prácticamente casi todos los restantes mercados, solo quedara la soja con garantía de poder ser vendida, y de ahí su avance a pesar del extraordinario 35% de retenciones que se le aplican.
De hecho, hoy por hoy, tanto el trigo como el maíz mantienen abultados tonelajes que no pueden ser vendidos por la falta de precios internos.
No extraña entonces que esta oleaginosa creciera hasta superar los 50 millones de toneladas, desplazando a su paso a tambos, rodeos vacunos de carne y maíces, entre otros, para liberar superficie para su cultivo que, de todos modos, últimamente también parece haberse estancado.
En medio, el girasol que ya traía algunos problemas de arrastre por el lado de la comercialización en el mercado interno, terminó de frenarse en sus posibilidades ya que, si bien la tecnología disponible y las condiciones productivas permiten obtener muy buenos resultados, la inestabilidad e inseguridad del esquema comercial, artificialmente alterado por las medidas de Gobierno, al igual que para otras actividades, lo fueron postergando.
Las preguntas ahora son: ¿Quién se hace cargo de los daños causados, económicos y especialmente ambientales? ¿Hay que esperar a otro Gobierno para comenzar las correcciones? ¿Por qué se acentúan los desfases si se conocen las soluciones? ¿En esto consiste la defensa de la “mesa de los argentinos”? ¿Por qué el Ministerio de Agricultura sigue gastando millonarios recursos en la supuesta elaboración de un ampuloso Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), cuando no es capaz de tomar las medidas mínimas, y simples que dicta el sentido común para que la producción aumente en lugar de caer?
* Periodista y consultora agropecuaria
