Ante la caída de reservas que viene sufriendo el Banco Central y el presunto retraso en la liquidación de divisas de los grandes exportadores en momentos en que crece la preocupación por la falta de dólares, un grupo de legisladores salió a pedir una mayor intervención pública en el comercio de granos. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, descartó la reedición de la Junta Nacional de Granos, creada en 1933 y derogada en 1991 por Carlos Menem.
La principal iniciativa fue de la senadora kirchnerista Silvina García Larraburu (FPV-PJ-Río Negro), quien presentó el lunes un proyecto de ley para crear una Junta Nacional de Granos con el objetivo de controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos, garantizar tanto la provisión interna como la estabilidad interna de sus precios independientemente de lo que ocurra en el mercado externo y evitar los monocultivos.
Para ello, García Larraburu propone fijar precios mínimos y cupos de exportación de granos. Además, el proyecto autoriza a la Junta a ejercer el comercio interno y externo cuando el Poder Ejecutivo lo disponga a fin de “intervenir en defensa de la producción o cuando la regulación del mercado lo hiciere necesario”.
“El objetivo es que no se perjudique a los trabajadores y consumidores, así como desmonopolizar el mercado de granos”, ya que “actualmente son las grandes cerealeras quienes retienen y controlan la producción y la liquidación de las exportaciones”, sostuvo la senadora, quien no informó al jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (FPV-PJ-Río Negro), que presentaría el proyecto.
Hasta el momento, esta es la única iniciativa presentada. Sin embargo, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, también anunció que impulsa la creación de un Instituto Nacional de Comercialización Agropecuaria para impedir la especulación de los exportadores, garantizándoles un precio mayor en la venta de sus cosechas.
Respaldo de Diputados
Por su parte, un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados expresaron públicamente su apoyo a iniciativas como estas. El diputado Gastón Harispe (Frente Nuevo Encuentro-Buenos Aires) pidió la nacionalización de la totalidad de las exportaciones. “Es necesario tener el control de la comercialización de los granos en pos de beneficiar a los productores y al control de precios”, dijo Andrea García (FPV-PJ-Buenos Aires). En tanto, el diputado Juan Carlos Díaz Roig (FPV-PJ-Formosa) subrayó: “Como todo peronista quiero que la sociedad argentina vuelva a plantearse la recuperación desde las instituciones de la época peronista. Pero no están dadas las condiciones, tal como lo explicó Capitanich”.
En efecto, el jefe de Gabinete, luego de conocerse el pedido de los legisladores, desestimó la posibilidad de recrear la Junta Nacional de Granos, ya que el Estado “no cuenta ni con los puertos ni con la infraestructura con la que contaba el organismo”.
Desde la oposición, por su parte, el diputado Claudio Lozano (Unidad Popular-Ciudad de Buenos Aires) reclamó al Ejecutivo mayor control público y criticó a las cerealeras por sus actitudes “especulativas”. “El gobierno, en estos diez años, no tomó ninguna medida que tienda a regular estos comportamientos”, criticó. Sin embargo, explicó que la nueva Junta no debería monopolizar el comercio exterior de los productos agropecuarios, como lo hacía el IAPI.
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