Este jueves, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez promulgó una ley que establece penas de hasta 10 años de cárcel a quienes invadan tierras privadas, luego de que la medida fuese aprobada mayoritariamente en el Congreso.
La iniciativa cuenta con un fuerte respaldo de sectores ganaderos y agrícolas, sin embargo es resistida por organizaciones campesinos y comunidades indígenas.
Según anunciaron en conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, el jefe de Estado paraguayo dio su venia para modificar el artículo 142 del Código Penal y endurecer las penas por este delito.
No obstante, mientras la ley era tratada en la cámara baja del Congreso, hubieron manifestaciones en contra de la reforma penal que terminaron en enfrentamientos continuos con agentes de la Policía en zona del Congreso.
En este marco, grupos de manifestantes habían cerrado rutas en el interior del país y, tras enfrentarse con la Policía, dieron un ultimátum de 48 horas al presidente para que vete la ley, además de amenazar con aumentar la presión sobre el Gobierno.
Protestas
La ley, actualmente promulgada, es rechazada por la Federación Nacional Campesina (FNC), la organización Tierraviva y la Coordinadora por los Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
En ese sentido, la Codehupy había llamado a rechazar el proyecto que “profundizará la criminalización de campesinas/os” y exigido que se cumplieran “las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay sobre la investigación y recuperación de tierras malhabidas“, unas ocho millones de hectáreas cedidas a personas cercanas al stronissmo entre 1954 y 2003.
Por su parte, la organización Tierraviva denunció que “más de 800 familias indígenas fueron violentamente desalojadas por la Fiscalía y Policía este año”, y alertó que el proyecto aprobado “no solo dejará estos atropellos impunes, sino que propiciará la prisión de las víctimas que reclaman sus tierras ancestrales“.
Asimismo, este jueves, un grupo de indígenas salieron a protestar en la Plaza de Armas, frente a la sede del Congreso, y volvieron a advertir que endurecerán las medidas de presión y que no desistirán.
En la misma línea, tras la detención del líder indígena identificado como Derlis López Ortiz, se desataron varios incidentes entre los grupos de manifestantes y la Policía Nacional en la zona del parlamento.
Sin embargo, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, señaló que “ya se venía manteniendo conversaciones con los parlamentarios y proyectistas y una vez que ingresó la decisión ya estaba tomada“.
Comisión de la Verdad y la Justicia (CVJ)
El estudio que llevó a cabo la Comisión de la Verdad y la Justicia (CVJ) del país guaraní concluyó que el 37% de las tierras arables del país habían sido entregadas irregularmente y que entre los beneficiarios se contaron militares, legisladores y empresarios.
Estos datos son el resultado de una investigación de los delitos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, según señaló el organismo.
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