Al encontrarse en pleno desarrollo la campaña agrícola 2004-2005 se está motorizando la comercialización y la competencia de los mejores insumos y servicios que permitan optimizar los resultados de las campañas anteriores.
Entre todos los insumos principales usados para mejorar su performance por los productores innovadores, también está la inversión en la póliza de un seguro agrícola, actitud que determinó una tendencia de aumento en el país en los últimos años.
Esta actitud ha sido corroborada por la encuesta de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) del 2003 que determinó que casi 40% del área sembrada está asegurada.
Es decir que 11 de los 27 millones de hectáreas están protegidos con una cobertura de riesgo climático para cubrir sus inversiones.
Este importante crecimiento se dio con la participación casi en soledad del sector privado con las compañías de seguros y los proveedores de insumos.
Los bancos fueron importantes protagonistas hasta la suspensión del crédito en el 2001, porque habían asumido que el seguro es una garantía para el crédito ante los riesgo climáticos para no quedar atado nunca más las prórrogas dispuestas por la Ley de Emergencia Agropecuaria.
El Estado nacional y los estados provinciales aunque mostraron intenciones en avanzar en este tema no pudieron concretar nada efectivo para llegar al productor, salvo en muy contadas ocasiones.
Superar el umbral de 40% de área sembrada asegurada es el nuevo desafío y no lo va a poder hacer la actividad privada solamente.
En este porcentaje están contabilizados solamente todos los productores de las mejores zonas con menos riesgos de la Pampa Húmeda, que por escala pueden diversificar sus riesgos y tienen, obviamente, mayor capacidad de negociación de la cobertura.
Al mismo tiempo, son los mismos productores empresarios los que toman un seguro de precio o venden a futuro, mecanismos que les permiten fijar un piso anticipado a su negocio.
La propuesta para que siga creciendo el seguro agropecuario está directamente relacionada con un trabajo consensuado entre todos los actores del complejo agroindustrial y el Estado nacional y las provinciales en forma institucional.
El primer desafío es aumentar el umbral de 40 a 60% en una primera etapa, porque es la forma de asegurarle los riesgo climáticos a los productores que trabajan en zonas más riesgosas y a los pequeños productores que no tienen las capacidades para cubrir los riesgos climáticos en las actuales condiciones.
Este importante debate está propuesto actualmente en el Poder Legislativo por diferentes proyectos de los señores diputados y senadores, para poder ejecutar las políticas de Estado, que permitan que este servicio llegue al mayor numero de productores, no importando la zona donde trabaja.
“El eje del debate en esta discusión debería ser que todo lo asegurable lo debe cubrir el seguro y lo no asegurable lo atiende la Ley de Emergencia Agropecuaria en una acción de complementación.”
Lo importante sería abrir primero este debate al conjunto de los protagonistas del sector en audiencia pública, para recabar la mayor información, y así después poder legislar con toda la información para que el país pueda contar con una legislación moderna como tienen los países desarrollados.
