El proyecto de ley para la recuperación de los suelos agrícolas de las provincias productoras tiene por objetivo devolver a su lugar de origen una parte de la riqueza que le es extraída en exceso, y sin ninguna compensación para la zona por el deterioro que genera.
Los buenos precios del mercado mundial en los últimos años, y el nuevo marco cambiario a partir de la devaluación, han resultado favorables para la expansión de la producción agrícola, sobre todo para la soja transgénica. Pero la sobreexpansión en la producción de ésta ha hecho que la Argentina esté a un paso del monocultivo en desmedro de otras producciones.
Estudios realizados por el INTA y por organizaciones dedicadas a la preservación del ambiente, han advertido acerca del peligro a largo plazo del cultivo intensivo de soja, disminución de minerales esenciales en los suelos y posible contaminación de napas y corrientes subterráneas de agua potable.
Por esa razón, el gran aumento en la producción sojera de los últimos años parece poco sustentable: amenaza el ecosistema; ha desplazado a otras producciones (por ejemplo el tambo) que no sólo distribuyen mejor la riqueza, sino que dan mucha más mano de obra; ha provocado despoblamiento rural y desarraigo de la gente del campo.
Pero el problema es más grave, dado que a la falta de previsión sobre los efectos nocivos de este modelo, se suma el hecho de que el Estado nacional es el único que recibe todos los tributos que genera la exportación de dicha producción, sin que llegue nada como compensación a la zona donde se produce (y se depreda).
Las provincias como la que represento, cuyas economías se basan en la explotación agropecuaria, y que han sufrido la severa crisis producto de la convertibilidad, nada reciben en compensación por el uso de sus suelos. Además resulta imposible a las provincias productoras aumentar la presión fiscal sobre los productores. El auge en la producción de soja que tanto alivio ha traído, puede ser contraproducente en el futuro si no logramos revertir las consecuencias y planificar con vistas al futuro. Así estamos entregando un recurso natural importantísimo, de muy difícil recuperación, sin recibir nada a cambio.
Este proyecto busca traer cierta equidad tributaria para el interior, puesto que si no es posible (según el Gobierno) sacar las retenciones a las exportaciones, es razonable que al menos una parte de ellas, mientras las retenciones existan, retornen a las zonas de producción para ser destinadas a devolver en parte la extracción excesiva y sin control que se está haciendo del suelo, y simultáneamente promover un desarrollo más equitativo y armónico.
El proyecto es taxativo en cuanto dice que en el momento que sean desactivadas las retenciones este fondo especial deja de existir y es así porque habrá dejado de tener motivo su implementación. Por otro lado, es claro en cuanto prevé que este fondo tiene destino específico y no puede ser utilizado para otro fin que el que da la ley.
En definitiva, se procura poner un poco de justicia, devolviendo a las zonas productivas parte de lo que le extraen, y que esto dure mientras dura la injusticia de las retenciones.
