Los productores de las principales provincias arroceras argentinas, Entre Ríos y Corrientes, están en alerta y en pie de reclamos al Gobierno. Lejos de que sea un tema productivo, la macroeconomía los conduce a caminos sin salida.
Jorge Paoloni es asesor de la Asociación de Plantadores de Arroz de la provincia de Entre Ríos, productor e industrial. Dialogó con Infocampo y, como buen conocedor del panorama general, describió todo lo que aqueja al sector.
“Hay una total falta de consideración por lo que sucede con esta economía regional, así como sucede con otras. No hay políticas, ni acciones concretas. No les importa -al Gobierno- que se concentre más ni que se produzca menos“, introduce el asesor, muy molesto con la situación de los arroceros.
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Los productores están muy afectados por diversos temas. El alza en los costos de producción, sobre todo por el aumento en los precios de los combustibles y la energía eléctrica; los derechos de exportación que ya pesaban sobre el sector desde el año pasado y, ahora, al reducir el plazo para la liquidación de divisas, se agrega otra dificultad.
“No nos entregan volumen de combustible y para quien riega es fundamental. Una vez que encendemos el motor de los equipos regantes no lo podemos detener por tres meses. Eso significa 30.000 litros de gasoil por mes y no venden ese volumen por la incertidumbre de los precios”, se lamenta Paoloni.
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Este año, expone el asesor, se sembrará la menor superficie en 19 años. En Corrientes, se implantarán unas 85.000 hectáreas y el 50 por ciento lo hacen cuatro grandes empresas, las restantes están en manos de 40 productores. En Entre Ríos, Paoloni, duda que se alcancen las 60.000 hectaréas. Ejemplifica que en la localidad de San Javier (Santa Fe), otra zona en que se siembra arroz, sitio en el que se sembraban 48.000 hectáreas, este año no llegan a las 25.000 hectáreas, de las cuales 11.000 están en manos de una sola empresa. El área, así, está en franca caída regional.
Una de las últimas normativas del Banco Central estableció que las empresas exportadoras deberán liquidar divisas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
“A las industria más chicas que exportan a Chile y Brasil, de 5 a 10 camiones, entre 100 a 200 toneladas de arroz, el plazo para liquidar es imposible de cumplir. Entre la logística y el tiempo de pago del importador -30 días de recibida la mercadería- se supera ese tiempo. Nadie paga por anticipado. Por esto, la exportación está frenada”, concluye el asesor.
Una economía clave para el Litoral. Con mucho potencial pero, ahora, deprimida. Habrá que esperar que lleguen los ajustes a tiempo.
