El proyecto de ley que traspasa al Banco Nación fondos hasta ahora depositados en el banco público de la Ciudad de Buenos Aires tiene una exclusiva motivación de fondo: captar la mayor cantidad de fondos disponibles para favorecer a los amigos del poder y apuntalar el modelo económico.
En una sesión irregular en la que el oficialismo no juntó el quórum en los plazos reglamentarios, el kirchnerismo le dio media sanción a la llamada Ley Conti que establece que todos los depósitos judiciales que hoy se colocan en el Banco Ciudad ($ 7.000 millones)comenzarán a depositarse en el Banco de la Nación Argentina (BNA) . La ley modifica leyes que ya han sido derogadas por la Ley de Autarquía Judicial; coarta la autonomía del Poder Judicial que en virtud de esta última ley puede elegir en qué entidad pública colocar los depósitos judiciales; perjudica la gestión del banco público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y pone en riesgo las fuentes de trabajo de cientos de empleados públicos de dicha institución.
Los alcahuetes del gobierno dirán, hinchando el pecho, que es una ley para jorobar a Macri . La realidad, es que los gobiernos pasan y la Ley queda. Macri es tan sólo uno de los millones de perjudicados por esta ley. Para identificar a los potenciales beneficiarios de la Ley Conti hay que preguntarse qué hará el BNA con esos $ 7.000 millones de fondeo adicional.
Según los defensores del proyecto, toda esa capacidad prestable irá a financiar a pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que exige la carta orgánica del BNA en su art. 3: “El banco tiene por objeto primordial prestar asistencia financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere la actividad económica en la que actúen”. Sin embargo, en la práctica tan sólo el 11% de la capacidad prestable del Banco Nación se dedica a asistir a las pymes. Gracias a la modificación a su carta orgánica que logró el kirchnerismo a las apuradas en diciembre de 2009, los topes por empresa pasaron de $ 5 millones a $ 115 millones, dando por tierra con la lógica original de Banco Pyme.
La mitad de la cartera del Banco Nación está hoy concentrada en tan sólo 10 clientes, entre ellos las multinacionales Nidera, Dreyfuss, Cargill, Siderar y FIAT. Sospecho que ni al INDEC se le ocurriría considerar a estas empresas como pymes.
Más aún, el Banco Nación financia a 14 de los 15 deudores principales del sistema financiero; viola el límite de su carta orgánica de $ 115 millones por empresa en al menos 31 casos; y en algunos casos viola también regulaciones del Banco Central sobre fraccionamiento de riesgo crediticio.
Claramente la Ley Conti no beneficiará a las pymes. ¿Quiénes serán, entonces, sus beneficiarios?
Hay dos que son fácilmente identificables.
En primer lugar, el Tesoro Nacional. El 64% de la cartera del BNA, está colocada en préstamos al Sector Público Nacional y títulos públicos nacionales. Sólo en los primeros cuatro meses de este año, incrementó su exposición al sector público en $ 11.000 millones. Desde que asumió Cristina Fernández, de cada peso adicional de capacidad prestable que recibió el Banco Nación, 60 centavos terminaron financiando al Sector Público Nacional y sólo 8 centavos a las empresas, la mayoría de ellas grandes. Si el Banco Nación hubiera aplicado esos fondos como un banco provincial promedio, $ 40.000 millones se hubieran destinado al sector privado antes que a cubrir el déficit del Estado Nacional , subsidios poco transparentes y fideicomisos públicos sin ningún control. La propia conducta del Banco Nación demuestra, entonces, que el Tesoro Nacional se quedaría con al menos $ 4.000 millones de los depósitos judiciales que quieren sacarle al Banco Ciudad.
El otro grupo de beneficiados que surge nítidamente del análisis de la cartera del Banco Nación es el de los empresarios amigos del kirchnerismo : Lázaro Báez, con Austral Construcciones (crédito de $ 235 millones); Cristóbal López, con Oil Combustibles (préstamos por 214 millones de pesos); Electroingeniería ($ 116 millones); son ejemplos de las “excepciones” al límite de la carta orgánica y al objeto de “prestar asistencia financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas”. Como se puede ver, no hubo apelaciones épicas en esta discusión, aunque la motivación de fondo del actuar K se repite: captar la mayor cantidad de fondos disponibles para favorecer a los amigos del poder y sostener un modelo económico que hace tiempo viene crujiendo.
Por Alfonso Prat Gay. Diputado Nacional
