El bloque Unidad Popular, junto a las organizaciones que conforman la Campaña “No a la nueva ley “Monsanto” de semillas en la Argentina”, Campaña “Plantate: La vida no se negocia” y el MST Nueva Izquierda organizaron la jornada “Leyes de semillas y modelo productivo en Argentina”. Fue un debate en torno a la Ley de semillas donde repudiaron el uso de semillas transgénicas y fitosanitarios.
El primer bloque abordó la temática de las semillas dentro del modelo agrario hegemónico. Carla Poth, de Campaña “No a la nueva ley “Monsanto” de semillas en la Argentina”, denunció que 1996 fue un hito cuando “Felipe Solá liberó la semilla transgénicos”. La especialista destacó dos características del modelo agro exportador: productor de commodities y la incorporación de empresas transnacionales en el mercado de las semillas y agroquímicos. En ese contexto denunció que estos avanzaron sobre bosques nativos, pequeños productores, la salud y sobre el uso de agroquímicos “sin preguntar”.
Además, denunció que este modelo fue la agricultura sin agricultores, donde ellos decidieron qué comer, y apuntó que jamás se hizo público: “Ya pasaron 25 años y hay un montón de espacios políticos que tienen algo que decir y todavía no lo hicieron”. Poth aseguró que “tenemos el derecho de saber qué es lo que estamos comiendo”. Por otro lado destacó que tampoco se discute el uso: “hablan de buenas prácticas pero sólo promueven el mono cultivo y agrotóxicos”. Para concluir con su exposición azotó: “A este Congreso parece que hay que arrancarles los debates”. Por último pidió por una ley de bioseguridad para regular a las semillas transgénicas.
Desde la organización “Médicos de pueblos fumigados”, aseguraron que el uso de las semillas transgénicas género niños con obesidad, enfermedades neoplásicas y cáncer. “Nos preocupamos por la vida de los que consumen estas semillas”, señaló el especialista. Por último aseguró que “hay que pedir por el territorio biológico, que es nuestro cuerpo”.
Desde “Plántate: la vida no se negocia” hicieron foco en el proceso de artificialización y aseguraron que se pasaron de usar 30 a 400 millones litros de fitosanitarios. “El modelo se repite en casi toda producción y esto hace que tengamos cada vez menos poder en las semillas y en la forma de alimentación”, aseguró.
El segundo bloque, acerca de la semilla como bienes comunes estuvo a cargo de productores y organizaciones campesinas en su mayoría. Juan Cáceres de la Asociación de Pequeños Productores del Oeste (APPO) comenzó afirmando que “hoy los de 60 años tienen más salud que los de 30” y continuó aduciendo que actualmente los fitosanitarios son los responsables de haber contaminado el agua, la tierra “y ahora las semillas”.
El productor aseguró que la semilla es sana y brinda salud. “La semilla es vida siempre y cuando esté en manos de campesinos y productores indígenas y no de las empresas”, concluyó.
Desde Campesinos del Valle de Conlara señalaron: “se puede producir sin agrotóxicos”. En la misma línea, la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA) afirmaron que “la semilla es una herencia y es la vida de todos los días”. Por último, desde Campesinos de Cañuelas destacaron: “cuando la semilla está en riesgo, la vida y la cultura está en riesgo”. Además, agregaron que las comunidades intercambian sus semillas “para seguir socializándolas” y terminaron a viva voz asumiendo que “somos capaces de producir en cantidad y calidad”.
El tercer y último bloque fue acerca de la propiedad intelectual de las semillas. Carlos Vicente de la Campaña “No a la nueva ley “Monsanto” de semillas en la Argentina” aseguró: “El agronegocio está aniquilando a la semilla” y apuntó que “Monsanto cree que tiene derecho a la semilla por haber inventado el transgénico”, cuando se trata de un producto con 12 millones de años de historia.
Por su parte, Marcos Filardi, de Seminario de Alimentación de la UBA, comenzó señalando: “El que controla las semillas, controla la alimentación y los pueblos”. El especialista aseguró que el 67% del mercado de las semillas está concentrado en un puñado de empresas y de ese porcentaje, el 90% está en manos de Monsanto. Filardi insistió que “Hay derecho a una alimentación adecuada”, y apuntó que eso se logra permitiendo el derecho a la semilla.
Silvia Ferreira, del Instituto de investigación social de Libres del Sur, apuntó que “la semilla se planta donde es rentable y no donde quiere el productor” y se declaró en contra del anteproyecto de Ley de semillas que está elaborando el gobierno ya que agricultor tiene que volver a pagar, en cada siembra, el derecho de obtentor, cuando es algo que debería pertenecerle.
El único diputado presente era Claudio Lozano (Unidad Popular-CABA) que se pronunció en contra de la Ley de semillas y del uso de fertilizantes y acompañó las denuncias de las organizaciones presentes.
Área de Actualidad
Fundación Directorio Legislativo
www.directoriolegislativo.org
@Direlegislativo
