En momentos de incertidumbre económica por la situación de emergencia sanitaria que está atravesando el país, es aberrante e inaceptable lo que está ocurriendo con el sector agropecuario, donde se incrementó de manera exponencial el ataque a campos y a su producción, incendios, robo de ganado y faena, violencia contra los productores y, especialmente, el blanco de ataques: LOS SILOBOLSAS.
Indefensión, angustia, soledad e impotencia es lo que siente el campo ante un Estado que elige darle la espalda y llamarse al silencio frente a estos hechos que acechan al trabajo de los productores de alimentos de todos los argentinos y el mundo.
¿Por qué dañar el trabajo ajeno? ¿Por qué dañar a una producción que le da riqueza a su propio país? ¿Por qué dañar una fuente de innumerables puestos de trabajo? No hay respuesta. ¿Será que hay un ensañamiento con el sector?
¿Sabrán los autores de estos hechos de vandalismo que en estos silos se guarda el forraje que sirve de alimento para los animales y los granos que luego son comercializados? ¿Sabrán que de la semilla de girasol se puede obtener aceite y sus derivados? ¿Sabrán que de ese trigo sale la harina, los fideos, entre otros productos? ¿Serán conscientes de que atacan a quien produce la materia prima para que todos tengan el alimento de cada día en su mesa?
Estos, entre otros, son los interrogantes que se hace a diario el sector agropecuario, intentando entender cómo es que el gobierno no ve la gravedad del asunto. En su silencio sentimos que apoya indirectamente estos actos de vandalismo.
Franca Grippo Harrington también es autora del texto. Es abogada e integrante del Ateneo y del Comité de Seguridad Rural de la Sociedad Rural Argentina.
Además de estos hechos, el productor tiene que soportar los gastos de inversión, mantenimiento del establecimiento y maquinarias, el pago de impuestos y derechos, insumos, sueldos, y la próxima campaña, sumándole los pocos financiamientos que tiene la agroindustria, la falta de seguridad jurídica sobre el tratamiento de los delitos a los que el sector se enfrenta y las condiciones climáticas de las que depende la producción. Teniendo en cuenta que al final del camino el Estado se lleva el 70% de sus ganancias.
Como si hasta acá no fuera suficiente, tiene que soportar la falsa idea y estigma de una sociedad que señala al campo como especulador, y allí, es donde toman un papel principal los silobolsas, atacados y cortados cada vez con más frecuencia, destruyendo la producción que conservan en su interior. Es así que pasaron a ser la figura predilecta para aquellos que, impunemente, sólo tienen la intención de perjudicar al sector y destruir el futuro alimento que podría estar sobre su mesa y la de su familia.
Los silobolsas por su gran capacidad de almacenamiento lograron solucionar el déficit de depósitos de granos y forrajes que acarreaba el campo luego de cada cosecha; consecuentemente, la producción por hectáreas aumentó de manera notable. Es importante destacar que el productor agropecuario no puede vender cuando quiera y guardar los granos por tiempo indeterminado, como erróneamente se cree. Los silobolsas ofrecen un almacenamiento temporal: dentro de ese tiempo, se debe armar la logística de comercialización.
¿Quiénes son los beneficiarios en esta cadena de comercialización? TODOS los argentinos.
El campo es una gran fuente de puestos de trabajo, con inversión a diario en el país y ayuda al crecimiento de los servicios que tienen los pueblos cercanos. Por eso es que aquel que lo daña y ataca no sólo perjudica al productor, sino también a él mismo, a su familia y a todos los argentinos.
¿Hasta cuándo deberá el campo aguantar esta situación?
Es sumamente importante que se prevean estos delitos, es por ello que desde entidades agropecuarias se solicitó en reiteradas veces que las fuerzas policiales rurales se regularicen bajo la forma de una ley, lo que traería aparejado una organización en el sistema de patrullas rurales, con un presupuesto propio y actualizado.
En la actualidad, la policía rural no cuenta con el suficiente personal, insumos y móviles que son necesarios para paliar la violencia y los delitos. La mayoría de las veces son los mismos productores quienes tienen que acercar ayuda económica a las fuerzas policiales de sus municipios.
Es necesario y urgente que el Estado coordine y ordene medidas decididas y eficientes, para evitar la propagación de estos actos de vandalismo que aumentan día a día de los cuales no hay respuestas ni soluciones aún.
Hay que entender que las cuestiones esenciales como la vida, la libertad, la propiedad privada y el abastecimiento de alimentos no se pueden discutir. Podemos disentir en muchas otras cuestiones ideológicamente, pero estos pilares no deberían ser motivo de debate sino de acción por parte del Gobierno para asegurarlos y defenderlos.
