Más allá de señalar la importancia de la adaptación de parte de los productores argentinos a las normativas y requisitos que emergen en distintos mercados del mundo en pos de un menor impacto ambiental, Argentina está encabezando un importante pedido ante la Unión Europea.
“El Consejo Agropecuario del Sur (CAS), conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, cuya presidencia actual corresponde a nuestro país, le solicitó a la Unión Europea la postergación”, expresó este martes el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella.
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¿A qué se refirió? A la normativa 2023/1115 de la Unión Europea, desde la cual se regula la “deforestación agregada” en productos que se exporten hacia allí. El plazo estipulado como tope para producciones como soja y carne es el próximo 1 de enero de 2025.
Y la fecha, entienden en el agro argentino y entre los funcionarios más relevantes del Gobierno para el área, es demasiado pronta.
“Estas certificaciones no son obligatorias para nadie, son un mecanismo que nos están imponiendo algunos consumidores. Pero la pregunta es si queremos vender o no, porque si queremos hacerlo en ese mercado, más allá de la discusión que queremos dar, hay que cumplir con ese requisito”, recordó Vilella.
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DEFORESTACIÓN: EL PEDIDO
El académico formó parte de uno de los paneles del reciente Foro de Comunicación Agropecuaria (COMAG) de Córdoba, organizado por el Círculo de Periodistas Agropecuarios de esa provincia (CIPAG), en una charla que compartió con Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba, y que fue moderada por el jefe de redacción de Infocampo, Favio Ré.
Allí, Vilella valoró que también Estados Unidos realizó un pedido en el mismo sentido, de postergar la fecha en que comenzará a regir esta normativa.
“Ellos esta semana han pedido lo mismo, porque no está bien terminada de conformarse. Veremos cómo termina resultando, porque también hay debilidades desde la parte europea acerca de la formulación y las exigencias”, evaluó.
Y sumó: “Daría la impresión de que no están dadas las condiciones para que esa obligatoriedad se sostenga a partir del 1° de enero. Por eso desde nuestros países estamos pidiendo una postergación”.
En ese sentido, en el Gobierno entienden que la reciente elección por los representantes del Parlamento Europeo incide en la situación.
Más allá del pedido formal y la intención, en la cartera agropecuaria son cautos. Casi escépticos. “Todo indica que por ahora no se moverá la fecha”, comentaron ante la consulta de Infocampo.
“Pero habrá que cruzar los dedos, y continuar con el diálogo”, redondearon.
Ese diálogo buscado por los funcionarios argentinos en diferentes giras por el Viejo Continente lleva como principal premisa la defensa del sistema productivo argentino como “el más amigable con el medio ambiente”.
“Eso necesita que la contraparte lo entienda y lo reciba. Hasta el momento, eso no ocurre, nos piden otras cosas. Estamos en eso”, cerró Vilella.
