En noviembre pasado cuatro legisladores de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes presentaron un proyecto de ley y pidieron a sus pares que se aprobase sobre tablas (es decir aprobarla de manera inmediata por mayoría). Los diputados en cuestión fueron Agustín Alberto Portela, Graciela Raquel Rodríguez y Josefina Meabe de Mathó del partido oficialista Frente de Todos; y Marco Manuel Costa del Frente para la Unidad.
Cuando los legisladores correntinos comenzaron a leer el proyecto, no tardaron en comprender que el mismo trataba de un tema demasiado engorroso como para darle salida sobre tablas. La iniciativa proponía declarar al “macrosistema del Iberá patrimonio inalienable e imprescriptible de la provincia de Corrientes” y además solicitaba derogar todas las leyes, convenios y contratos “realizados entre organismos nacionales, internacionales y privados” que se opusiesen al proyecto.
La Reserva Provincial Iberá cuenta aproximadamente con 1,45 M/ha. El dato es más del 60% de esa superficie corresponde a propiedades privadas (con más de 1.500 unidades de catastro). Es decir: propiedades que no pueden quedar de un día para el otro en el área “inalienable” de una provincia. El otro dato llamativo es que, entre todos los propietarios privados de la zona, el que detenta la mayor superficie es una fundación denominada Conservation Land Trust, cuyo titular es el ciudadano estadounidense Douglas Tompkins. En total tiene 179.000 hectáreas en la macro región del Iberá.
El segundo dato llamativo es que el actual gobierno de la provincia de Corrientes y la Fundación Ecos (una organización ecologista cuya sede central se encuentra en Uruguay) elaboraron una “Propuesta de plan de manejo para la Reserva Natural del Iberá”. Esta propuesta fue financiada por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El Global Enviroment Facility (GEF) es un organismo internacional con sede en Washington DC que es financiado en su mayor parte por el Banco Mundial y las Naciones Unidas.
El “Plan de Manejo” elaborado por la Fundación Ecos y el gobierno de Corrientes propone, por ejemplo, que en la macro región del Iberá “los cultivos de todo tipo deberían quedar restringidos geográficamente a las áreas más aptas, evitando aquellas de alto valor de conservación y sin mediar la participación de subsidios por parte del Estado”. Y también recomienda “la erradicación progresiva de la hacienda de zonas críticas para la conservación” o bien la eventual “declaración de tierras de interés público, sujetas a expropiación” (sic). El documento además señala que habría que desestimular la agricultura de cosecha y la forestación para promover el ecoturismo, el buceo y la pesca deportiva en la zona del Iberá.
La pobreza es lo de menos
José Aranda es vicepresidente del Grupo Clarín. Pero además es propietario de Copra, una compañía agropecuaria (localizada en Mercedes, Corrientes) que es una de las principales productoras y exportadoras de arroz de la Argentina.
La cuestión es que en 1998 Aranda tuvo una idea: diseñar una represa sobre el arroyo Ayuí Grande (en la Quinta Sección del Departamento Mercedes). El proyecto tiene una magnitud de 11.680 hectáreas y un volumen de agua embalsada de 206 hm3, suficiente para regar unas 20.000 hectáreas de arroz.
Para llevar a cabo semejante obra, se formó una UTE entre las firmas Pilagá, Santa Clara, Yuquerí, Estancia Ayuí, Tupantuva, Heptagro y Copra. Sin embargo, el proyecto jamás se llevó a cabo porque los “ecologistas” de las fundaciones Ecos e Iberá “con buen poder de lobby entre los funcionarios provinciales” se opusieron sistemáticamente a la aprobación de la misma.
El proyecto permitiría producir 140.000 toneladas de arroz (duplicando la actual producción del cereal del departamento de Mercedes) y generar al menos 200 empleos directos (aguadores). No es poca cosa para una provincia con un nivel del pobreza, según los últimos datos del INDEC, del 53,5% (versus 38,5% a nivel nacional).
Ezequiel Tambornini
Especial para Infocampo
