Un productor de cerdo y carnicero de la localidad cordobesa de Canals recibió una multa de $100 mil por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia por haber cometido múltiples infracciones en el marco de la Ley de Carnes y Código de Convivencia.
Según indicó el Ministerio, el comerciante sería el principal responsable del brote de triquinosis que se originó el mes pasado en Canals y se expandió a zonas de San Luis y Santa Fe.
El valor de la multa se compone de dos partes: por un lado, deberá pagar $40 mil por el faenamiento clandestino de cerdos en un establecimiento de la zona rural con ánimo de lucro sin contar con habilitación ni con un servicio de inspección sanitaria; y por otro, tendrá que abonar $60 mil por no señalar los porcinos de su propiedad mayores a seis meses, por no registrarse ante el municipio como ganadero y por no poseer Boleto de Señal ni documentación respaldatoria sobre la existencia de los animales en su campo.
“Lo obtenido de dicha faena era comercializado en una carnicería de su propiedad“, remarcó la Dirección General de Fiscalización y Control de la provincia, que aclaró además que se trata del monto más elevado que aplica por este tipo de faltas.
Los antecedentes
El conflicto comenzó a mediados de julio, cuando se registraron primero cuatro casos de triquinosis en la zona, que dos días después ascendieron a diez.
Tras varios operativos por parte de Salud, Epidemiología y Senasa, y gracias a varias denuncias de los vecinos, se llegó al campo del productor, que tenía más de 200 porcinos con el RENSPA bloqueado desde 2014.
El carnicero, además de vender lo que faenaba en su comercio, elaboraba chacinados y embutidos con parte de los cortes contaminados.
Ya con 463 casos en agosto, se procedió a la clausura de la boca de venta, el decomiso de mercadería, interdicciones de animales y retiros de alimentos de góndola, entre otras acciones, para evitar nuevos focos. Asimismo, el Ministerio intensificó los controles en locales de la localidad y alrededores.
Además de las sanciones económicas y administrativas, la Justicia, a través de la Fiscalía de La Carlota, actuó de oficio e imputó al productor y comerciante.
