Santiago Montoya, titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, una suerte de Afip del gobierno de Daniel Scioli, salió a la palestra mediática con estruendosas declaraciones sobre su intención de disciplinar a la díscola agricultura provincial y hacerle pagar sus impuestos.
Pero del paquete que forma el universo impositivo del productor rural, Montoya sólo tiene injerencia en los del ámbito provincial. Los más jugosos, Derechos de exportación y Ganancias van a las arcas del Gobierno Nacional, vía la Afip.
Todo el esfuerzo del fisco bonaerense se concentrará en recaudar el impuesto a los Ingresos Brutos, que en el caso de la agricultura es de 1%, y el impuesto a los Sellos para los contratos de arrendamiento, que también tributa el 1 por ciento.
El lunes 11 hubo una reunión con entidades rurales (excepto FAA) para ponerlas al tanto de lo que se denomina Programa de Control Fiscal del Agro.
La carta que jugó Montoya fue un trabajo sobre 8000 parcelas rurales, de las cuales dos terceras partes habían incumplido sus obligaciones tributarias, cuando se cruzaron los datos del catastro con los impositivos. El contexto de la movida es la proyección de un rojo fiscal en la provincia para 2008 que treparía a $ 6000 millones.
Pero frente a este número no parece ser mucho con lo que contribuirá la cruzada de Montoya en el agro, incluso logrando una eficiencia del ciento por ciento.
Según los datos de la Secretaría de Agricultura de la Nación, en la campaña 2006/07 (la última completa), Buenos Aires produjo unas 30 millones de toneladas de los principales cultivos (soja, trigo, maíz, girasol, cebada). Con valores promedio actuales, ese tonelaje equivaldría a una facturación primaria de unos $23.000 millones. Por tanto, en el mejor de los casos la Arba recaudaría $230 millones por esta vía (ver cuadro).
En tanto, siempre según datos de la Sagpya, unas 10 millones de hectáreas se sembraron con estos cultivos.
Suponiendo que el 70% de las mismas se arriende, a un promedio de 15 quintales de soja (ambos valores parecen exagerados), todos los contratos de alquiler de campos representarían el pase de manos de unos $10.000 millones.
Con una tasa de 1% en el impuesto a los Sellos, otros $100 millones irían a las arcas fiscales bonaerenses, suponiendo una eficiencia total y bajo estos generosos supuestos.
Por otro lado, tampoco hoy la eficiencia recaudatoria es nula, con lo cual no es que esos $330 millones van a ir íntegros a la caja fiscal. Algo ya estarán recaudando.
Las entidades rurales presentes se declararon a favor de cualquier iniciativa que tenga que ver con el cumplimiento fiscal, tras la reunión con Montoya.
Pero habría que ver hasta dónde llegará el impulso de la Arba, ya que no parece guardar demasiada relación el esfuerzo que implicará la fiscalización con el premio a cobrar.
