A iniciativa del senador provincial, Mauricio Suárez, y de acuerdo con lo señalado a Infocampo por el senador Raúl Guerra, “Mendoza acaba de aprobar la Ley 7.519 por la que adhiere a la Ley Nacional 25.127 que invitó a los estados provinciales a diseñar políticas para conformar un sistema nacional de producción agroalimentaria de bajo impacto ambiental que, en el caso de Mendoza, se llevarán adelante mediante una Comisión específicamente a crearse para tal fin”. La Comisión la conformarán representantes de organismos públicos y de entidades privadas. Así, serán sus miembros el Ministerio de Economía mendocino, el Instituto de Desarrollo Rural, la fundación mixta Pro Mendoza (la ley le designa la tarea de “fomentar las exportaciones” de estos productos), el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (que deberá trabajar “en lo atinente a la prevención de la producción agroalimentaria diferenciada), el Inta, la Dirección de Pymes, el Departamento General de Irrigación (organismo encargado de administrar el curso del agua por los diferentes cauces que cubren los oasis productivos de la región), la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y la Dirección General de Escuelas (para la incorporación de contenidos inherentes al tema de producción de bajo impacto ambiental en la currícula escolar correspondiente a la educación inicial). La Ley 7.519, aprobada y promulgada el pasado 5 de abril, y difundida en el Boletín Oficial el pasado 10 de mayo, cabe señalar que desde ProMendoza y hasta organismos oficiales que formarán parte de la citada Comisión, la consulta de Infocampo respecto de la vigencia de la nueva normativa los encontró sorprendidos y “sin conocimiento” y sin definición, aun respecto de quienes los representarán en la flamante institución.
Beneficios
En cuanto a los beneficios directos que deparará el plan, en principio se abrirían líneas de créditos específicas para los productores primarios de este sector, que estarán disponibles desde el Fondo de Transformación y Crecimiento y que servirán, incluso, para proyectos de inversión.
De acuerdo con la ley, se destinarán créditos para la promoción de estas actividades y se deberán crear en la provincia “fuentes específicas y hasta sociedades de garantía recíproca (SGR)” para el mismo fin.
Los productores primarios y las empresas elaboradoras y comercializadoras que lleguen a certificar sus productos diferenciados, sea para mercado interno como para exportación, no sólo podrán acceder al (“ya instrumentado y vigente para el agro”, aclaró la ministra de Economía Laura Montero) beneficio del 100% de exención de Ingresos Brutos, sino que alcanzarán también un descuento de 50% en el impuesto inmobiliario.
El objetivo es que los productores y comercializadores del sector agroalimentario de la provincia de Mendoza apunten a una expansión de la actividad diferenciada a partir de tareas que impliquen en lo fitosanitario un tratamiento de sus plantaciones y elaboraciones sin agregados químicos que puedan afectar el medio ambiente, entre otras cuestiones.
Cristian Perez Barceló
Especial para Infocampo
