En el primer día hábil de este 2022 el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en conjunto con el ministerio de Desarrollo Productivo, determinó “que las carnes vacunas destinadas al comercio minorista deben salir de los frigoríficos en unidades de hasta 32 kg, atendiendo a la solicitud de las entidades gremiales del sector”.
Pero un detalle no menor de esta Resolución Conjunta 10/2021, es que el plazo para cumplir con la normativa depende del tráfico de la mercadería, diferenciando entre federal y provincial o municipal.
Desde la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) ratificaron el apoyo a la medida nacional, pero de todas maneras advirtieron que actualmente los frigoríficos no se encuentran “adaptados” y que cuando comience a aplicarse, “habrá un incremento en los costos, tanto por logística, como el transporte y los insumos”.
El presidente de la CAMya, Leonardo Rafael, amplía que “en cada oportunidad que hemos tenido, advertimos que esta medida no será viable, por cuanto introduce una profundización en el doble estándar sanitario, al fijar plazos diferentes de adecuación a las plantas de tráfico federal, en relación con las provinciales y municipales”.
En este sentido, Rafael amplió que “adecuar las plantas requiere inversiones tanto en el establecimiento industrial como en la logística de distribución. Esto representa un claro impacto en los costos y que requerirán plazos de amortización razonables”.
Es por este motivo que asegura: “Si son desiguales, pondrán en distintas condiciones de competencia a los actores del mercado. El texto de resolución facilita la competencia desleal a favor de las plantas provinciales y sus operadores comerciales“.
Por ello para el titular de la CAMyA, inevitablemente, “el sistema ajustará para abajo y actores inescrupulosos del sector, seguramente minoritarios pero con fuerza suficiente para alterar el normal funcionamiento el mercado, buscarán sacar ventaja mediante la desinversión y la especulación sobre nuevos plazos y prórrogas”.
