Sin duda la prueba de fuego de esta pulseada será cuando lleguen las altas temperaturas y se incremente el consumo de electricidad. La norma oficial comenzará a regir desde el 1 de noviembre y ya es fuertemente cuestionada por la industria que alega que los costos, que no podrá absorber, se trasladarán a los precios.
Según fuentes de la Secretaría de Comercio Interior, el impacto promedio en costos rondaría en 5.000 grandes usuarios involucrados.
A esta difícil situación se sumó ayer la salida de funcionamiento de unos 350 megavatios que produce la Central Dock Sud, por una falla en la turbina de gas. Además Central Puerto tuvo también problemas y está produciendo 250 megavatios menos y se estima que la reparación quedará concluida a principios de noviembre, cuando aún no haya comenzado la etapa de alerta.
Pero esto no es todo ya que una dificultad más seria la salida de servicio de Atucha I que aporta 340 megavatios y cuya reparación no sería menor a tres meses.
Ante este panorama desalentador, las grandes empresas elevarían formalmente al Gobierno la propuesta de repartir el costo de la crisis y que todos los usuarios tengan castigos muy elevados para que desaliente el consumo.
