Todavía instalado el debate a partir de las declaraciones sobre el glifosato y el modelo productivo argentino que hizo ante el Senado de la Nación el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, ahora el frente de la discusión se instaló en la localidad de Mar Chiquita (Buenos Aires).
Mar Chiquita es un partido con tradición ganadera, pero ahora con perfil mixto. Posee una espacio con poblados costeros y otros, los más reconocidos por su mayor desarrollo agroganaderos que se encuentran sobre la Ruta Nación 2, como Vidal, Pirán y Vivoratá.
Dos días antes de los dichos que hizo el Ministro el último viernes, el Concejo Deliberante de esa ciudad aprobó una ordenanza sobre aplicaciones periurbanas que permitía, nuevamente, que los productores rurales pueden hacer trabajos de pulverización hasta 50 metros de zonas rurales pobladas, a 200 metros de escuelas rurales y a distancias de 25 metros de cuerpos de agua superficial.
Organizaciones vecinales y agrupaciones protectoras del medio ambientes, rápidamente, reaccionaron.
En esta localidad, hasta la semana pasada, regía una medida cautelar emitida por el Juzgado Civil y Comercial número 15 de Mar del Plata, dictada en diciembre pasado, que indicaba una restricción para hacer aplicaciones de hasta 1.500 metros de centros poblados, escuelas, mar, cursos y cuerpos de agua.
De esta forma, la decisión del Concejo Deliberante dejaba sin efecto la medida del juez marplatense Héctor Fabián Casas.
En declaraciones recientes al programa de radio “La Retaguardia”, el integrante de la asamblea de ese partido bonaerense “Paremos el Desierto Verde”, Guillermo Corrado, conta la postura que tienen como organización que defiende los derechos del medio ambiente.
“A partir de las aplicaciones constantes sobre campos costeros con monocultivo de soja, maíz o girasol, los vecinos de la localidad nos empezamos a juntar hace un año y medio”, explicó, agregando que recientemente en Mar Chiquita hicieron una asamblea general de pueblos “fumigados”.
Ante la aprobación de la nueva ordenanza, continuó Corrado, la Asamblea ahora le está pidiendo al intendente, Jorge Paredi, el veto de la medida tomada por el Concejo ya que dispone de 10 días para hacerlo.
“De esta manera, queremos sentarnos con la comunidad, el INTA y las Universidades se pueda armar una ordenanza que de verdad proteja la salud y el medio ambiente por todos estos efectos nocivos que tiene este sistema agrícola basado en químicos que contaminan el ambiente y destruyen la salud de las personas”, apuntó el asambleísta.
