En el Senado tuvimos una sesión atípica. Entre las cenizas y la proximidad de las elecciones primarias hasta último momento no sabíamos si estaríamos los 37 senadores que hacen falta para tener quórum.
Finalmente pudimos sesionar y fue una de esas sesiones que quedan en el recuerdo: aprobamos un proyecto que rebaja la edad jubilatoria para los trabajadores rurales.
Un derecho más es una deuda menos. Los trabajadores rurales se podrán jubilar a los 57 años. Aunque la diferencia no sea enorme (podrán jubilarse a los 57 años en lugar de tener que esperar a los 60), el Estado se está haciendo cargo de un tema que está “tapado”, el de las condiciones laborales de este sector.
En nuestro país hay alrededor de un millón de trabajadores rurales que no están debidamente registrados. Que no estén registrados o en blanco implica que no acceden a obra social, que no están asegurados por los riesgos del trabajo, que sus sueldos no aumentan por negociaciones salariales y que están efectivamente fuera del sistema.
Desde ayer al menos, el Estado empieza a reconocer que quienes desempeñan tareas rurales experimentan un deterioro más veloz de su salud y envejecen prematuramente.
Para morigerar el impacto presupuestario de la medida dispusimos que los empleadores hagan una contribución patronal adicional de un 3%. De esta medida quedan exceptuadas expresamente las pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, está expreso en el articulado de la media sanción, que aquellos trabajadores que no puedan acreditar los 25 años de servicio, podrán completar los aportes faltantes una vez jubilados, deduciéndolos de sus haberes.
Sin dudas queda muchísimo por avanzar en este tema, pero el proyecto aprobado vale no sólo por sí mismo, sino por avanzar en un sector donde el Estado está más ausente que presente.
Se puede crecer sin extender derechos. Pero no podremos desarrollarnos sin hacer de ese crecimiento mejor calidad de vida para todos. Desde ayer, el desarrollo está más cerca.
* Senador nacional por la UCR
