El secretario de Agricultura de Córdoba, Juan Cruz Molina, le adelantó a Infocampo que con el programa Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) los productores provinciales que apliquen podrán cobrar hasta $ 80.000 por año.
Lo hizo en el marco del Congreso Imagina, que la Fundación FADA llevó a cabo en Río Cuarto la semana pasada. “Buenas Prácticas Agropecuarias es el programa más importante del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba de los últimos años”, expresó Molina, al tiempo que garantizó que ya quedó constituido el Consejo Consultivo del Programa Provincial de BPAs después de la firma del decreto del gobernador Schiaretti y la definición de un presupuesto de $ 70 millones por parte de la Legislatura que permitirá “generar incentivos o premios a los productores que cumplan”.
“Se trata de hacer bien las cosas. Desde nuestro punto de vista, es cumplir con la ley a través de prácticas que, de manera voluntaria, el productor agrícola, ganadero o mixto va a adherir. Son siete. Están relacionadas a la participación en grupo, capacitación, secuencia de cultivos gramíneas de verano e invierno, cultivos de cobertura, la implantación de pasturas – que es muy importante justamente para consumirnos el agua -, plan de manejo de suelos, plan ganadero y datos de análisis de suelos. Si un productor cumple con una o con siete de estas prácticas, podrá llegar a cobrar por transferencia bancaria hacia fin de año entre $ 10.000 a $ 70.000 u $ 80.000, dependiendo la cantidad de prácticas que realice. Para hacer esto, el productor tiene que acceder a bpa.cba.gov.ar y ahí adherirse al programa por medio de ciudadano digital”, explicó entusiasmado.
Por otro lado, el funcionario se refirió a la producción de granos estimada para Córdoba este año y a la situación de los productores afectados por las inundaciones. “Toda la zona sur sur de la provincia es la más dañada, y está en el marco de un decreto de emergencia agropecuaria 165/2017, que ya fue homologado por la Nación. Hubo muchos productores que presentaron sus declaraciones juradas de emergencia y/o desastre agropecuario”, señaló.
“A pesar de estas situaciones extremas que se generaron, los excesos de precipitaciones en parte del territorio dieron una buena precipitación en las zonas más intermedias de la zona central o zona norte de Córdoba, lo que nos hace proyectar a nivel total una producción de granos récord, incluyendo al trigo campaña 2016”, remarcó Molina.
En ese sentido, hizo hincapié en el aporte del trigo. “Ha sido más que relevante”, dijo, y recordó el plan Pintemos de Verde Córdoba. “En definitiva, fue lo que tomó el productor agropecuario a partir de que se sacaron derechos de exportación. Se tomaron decisiones. Córdoba sembró más de 1,5 millón de hectáreas, hay más de 4,5 millones de toneladas de trigo. La Bolsa de Cereales dice 5 millones y Agroindustria, 4,8. Como sea, es una producción enorme para Córdoba, pensando que si este récord llega a las 35 ó 36 millones de toneladas, el trigo aporta mucho. La última mejor cosecha que tuvo la provincia estaba en el orden de las 33 a 34 millones de toneladas”, enfatizó.
En relación a las medidas de asistencia para los productores dañados, el dirigente declaró: “Cuando uno ve en términos globales, son números. Pero en términos particulares la preocupación es el productor que está en emergencia y/o desastre agropecuario. Ellos tienen los beneficios en el marco de la ley 7121, que es prórroga y eximición de impuesto inmobiliario: en el caso de los ganaderos para todo el año 2017, y para los agricultores, para el primer semestre de 2016. No obstante, ya estamos conversando en la necesidad de prorrogar la emergencia en campos agrícolas para el segundo semestre, en las cuencas que sigan teniendo problemas”.
“Las zonas que ya están claramente afectadas son las que limitan con Rufino, Villegas, desde Laboulaye hacia el este”, indicó, en tanto que agregó que rigen “beneficios en términos de prórrogas para vencimientos de créditos del banco de Córdoba”. “Hace poquitos días salió la homologación de Agroindustria, que genera los beneficios en términos de los financiamientos del Banco Nación y en cuestiones de compromisos con la AFIP: vencimientos por Impuesto a las Ganancias y anticipos por Ganancias, más cuestiones particulares que el ministro Sergio Busso está gestionando con el ministro Buryaile”, destacó.
Finalmente, Molina se refirió al proyecto de forestación de los campos en Córdoba y aseguró que “ya tuvimos varias reuniones en el marco de la Mesa Forestal, que nos está haciendo sugerencias a los legisladores. Se va a pretender una forestación obligatoria del 1% al 5%, y se ha sugerido aumentar el período para llegar a cumplir con esta política de Estado. Inicialmente pensamos en cinco años, ahora se habla de siete, pero en principio serán diez años para poder cumplir con este desafío”.
“Esperamos que se avance y que el árbol sea parte de la bandera ambiental que tiene el campo, para contarle a la comunidad qué hacemos y cómo lo hacemos. La forestación va a ser un aliado para consumirnos el agua, pero también para hacer una industria de la madera y generar trabajo”, finalizó.
