La Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú estudia cortar los tres puentes que conectan a Entre Ríos con el Uruguay, si las autoridades del vecino país no le dan curso a la segunda citación para que los directivos de la pastera Botnia se presenten a declarar ante el juzgado federal de Concepción del Uruguay.
“La decisión está tomada, pero falta establecer la modalidad de la acción y como se hará”, precisó la ambientalista.
El 27 de abril, la asamblea de Gualeguaychú realizará la cuarta marcha hacia el puente que vincula esa localidad con Fray Bentos, para protestar por la instalación de la pastera sobre la ribera del río Uruguay.
El 20 de diciembre pasado, Quadrini envió al Uruguay un exhorto que debía ser cursado a los directivos de Botnia, para que estos se presenten a declarar por el presunto delito de intento de contaminación.
Pero el vecino país “cajoneó” el trámite, posibilitando que los empresarios eludieran la presentación ante el juzgado federal de Concepción del Uruguay a partir del 25 de marzo pasado.
Fuentes tribunalicias confirmaron que en las últimas horas, Quadrini dirigió una segunda citación a los directivos de Botnia, que ya está en poder de las autoridades del vecino país.
El 19 de enero de 2006, el entonces vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino, presentó en el juzgado federal de Concepción del Uruguay, una denuncia penal por el delito de tentativa de contaminación contra los directivos de las empresas celulósicas Bontia y Ence, por la construcción de dos plantas de en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú.
La presentación fue patrocinada por los abogados Romina Piccoloti, ahora secretaria de Medio Ambiente de la Nación, y Juan Carlos Vega y fue formulada por el delito de contaminación en grado de tentativa, a raíz de los efectos nocivos que tendrá para el medio ambiente de la región la instalación de las pasteras.
Entre otros directivos, la denuncia involucró al director general de celulosas Mbopicuá, filial uruguaya de ENCE, Fernando García Rivero, condenado en Pontevedra, España, por delito ecológico y al vicepresidente del grupo empresarial ENCE, Juan Ignacio Villena Ruíz Clavijo.
La denuncia formulada por el estado entrerriano apuntó también contra el directivo del grupo, Pedro Blanquer Gelabert, el gerente general de Botnia S.A., Ronald Beare y el gerente de proyectos, Kaisu Annala.
Además del apoderado de Botnia Fray Bentos, Carlos Faropa; el presidente general de Metsa Botnia, Erkki Varis y contra todos los integrantes de las comisiones directivas de ambas empresas y todo otro responsable que surgiere de la investigación.
Como ENCE renunció a construir una pastera en Fray Bentos, el juez Quadrini citó a través de la cancillería sólo a los empresarios de Botnia, que son defendidos por el ex juez federal designado durante la dictadura, Oscar Salvi, quien también representó al ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas.
Fuente: Télam
