En la mañana del lunes, la Casa Rosada recibió a representantes de importantes provincias productoras en el agro: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
En este caso, el reclamo fue por las desregulaciones que plantea la “Ley Ómnibus” en relación al marco normativo de los biocombustibles, lo que se sumó a la cruzada que la semana pasada habían realizado las provincias patagónicas por la pesca.
En este contexto, el vocero presidencial Manuel Adorni volvió a afirmar este martes la convicción oficial de implementar los cambios planteados en esta ley y en el “mega DNU”.
“A la ley no la negociamos, que quede claro. El contenido no se negocia, lo que no significa que no estemos abiertos al diálogo y no aceptemos sugerencias y que no nos sentemos a conversar con los bien intencionados que efectivamente apoyan y entienden que el cambio en Argentina es necesario y que no se puede seguir así”, definió en una nueva conferencia de prensa.
El funcionario sostuvo: “Toda sugerencia que mejore en materia de libertad, economía y la vida diaria de la gente, será escuchado y mejorado. Sería soberbio no entender que puede haber mucho por mejorar en materia de libertad. Pero se han confundido los términos. La ley no se negocia y no han nada para mejorar”.
QUÉ DICEN LAS PROVINCIAS
Adorni comunicó la visión del Presidente Javier Milei acerca de este punto. Más allá de eso, la agenda semanal había comenzado este lunes con la mencionada visita de funcionarios de las provincias productoras de biodiesel.
¿La misión? Irse de Balcarce 50 con la idea de llevar la noticia de una marcha atrás del Gobierno en materia de esa producción. Las declaraciones posteriores parecen ir en esa sintonía.
“Somos muy optimistas y sentimos que hemos sido escuchados, hay una propuesta que dejamos y vamos a tener un trabajo con los legisladores para una iniciativa conjunta entre todas las provincias”, afirmó la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.
“Vinimos a plantear algunas modificaciones a la Ley Ómnibus, siempre con una mirada propositiva que nos permita sostener la industria nacional y sostener los derechos que hoy tienen adquiridos nuestras industrias de biocombustibles”, sumó.
“Nos escucharon y respondieron que se va a analizar lo que nosotros trajimos como una propuesta concreta, nosotros entendemos que esta es la primera herramienta, después está el Congreso obviamente, y vamos a seguir trabajando con nuestros legisladores. Obviamente queremos ir hacia adelante y en el futuro aumentar ese corte, que nos permita tener una industria más sustentable, pero también defendiendo las producciones provinciales”, agregó.
Por su parte, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, indicó que además del tema principal de la reunión, de los biocombustibles, se conversó sobre “algunos aspectos vinculados a las retenciones“.
Busso dijo que “las retenciones son un mal impuesto, la verdad que es el único país de la región y del mundo que tiene retenciones, por eso se naturaliza y se dice que el tipo de cambio resuelve los problemas, pero a nosotros es plata que se nos va de nuestras provincias”.
Sobre biocombustibles, Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, explicó que “hay una interpretación del Gobierno sobre lo que eran nuestras demandas en la parte de biocombustibles, que está atendida y que en temas de redacción habría que modificar”.
Y aseguró: “Es el mismo caso que pasó con pesca”.
PESCA: PIDEN ARCHIVAR LA REFORMA
Tal vez la cadena productiva que más rápido se abroqueló, se potenció internamente y se adelantó a llevar sus reclamos a la Casa de Gobierno fue la pesca. La semana pasada, un grupo de provincias productivas firmaron un comunicado común con sus gobernadores y difundieron los reclamos, pero el sector privado pesquero también replicó el mensaje.
En paralelo, desde Buenos Aires Axel Kicillof también se había plegado a un evento de pesqueros en Mar del Plata.
“Queremos advertir que los efectos nocivos de esta Ley para nuestra industria no se van a morigerar por el hecho que se restituyan los textos originales de los artículos 25 (descargas en puertos argentinos), artículo 40 (tripulación argentina) y que se cambie el concepto de Licitación Internacional por el de Licitación Nacional”, plantearon desde la La Cámara de la Industria Naval (CIN).
Además alertaron que “los intereses foráneos sin antecedentes fácilmente pueden radicarse en el país y pretender licitar sin la “mochila” de inversiones y empleo que hoy tienen las actuales empresas pesqueras argentinas”.
“Estaríamos poniendo en una lucha desigual y en riesgo a miles de puestos de trabajos que dependen de PyMEs familiares frente a las grandes empresas nacionales y de capitales extranjeros que hoy existen. Por ello solicitamos archivar definitivamente todo el capítulo de modificaciones sugeridas a la Ley Federal de Pesca”, cerraron.
