La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) aprobó este lunes el plan de adecuación presentado por el grupo Clarín de acuerdo a las pautas establecidas por la Ley de Medios, sancionada en 2009. Con esta decisión se cierra una de las principales polémicas que protagonizó el kirchnerismo durante sus diez años en el poder, según publica Infobae.
Durante casi cinco años, el Gobierno y el grupo de medios se enfrentaron en Tribunales por la aplicación de la norma. La contienda judicial se definió a fines del año pasado cuando la Corte Suprema de Justicia concluyó que el texto aprobado por el Congreso no viola la Constitución Nacional. Pese a que Clarín había anunciado que recurriría a tribunales internacionales, finalmente cedió y presentó un plan de adecuación con el objetivo de evitar la intervención de oficio de la Afsca. La Ley de Medios impuso límites a la cantidad de licencias de medios que pueden estar en cabeza de una misma persona física.
El proyecto aprobado por unanimidad contempla la división del multimedio en seis partes. Ahora, la compañía tiene 30 días para informar si dividirá esas unidades entre sus accionistas o pondrá a la venta alguna de ellas. Luego, contará con 180 días para proceder a la ejecución de la propuesta.
El plan presentado por el grupo contempla que la unidad 1 esté constituida por Arte Radiotelevisivo Argentino (Artear) que es titular de la licencia del Canal 13 de Buenos Aires, del Canal 12 de Córdoba, del canal 6 de Bariloche y la señal de noticias Todo Noticias (TN); Radio Mitre (que incluye las frecuencias AM 790 y FM 100 en Buenos Aires, AM 810 y FM 102.9 en Córdoba, y FM 100.3 en Mendoza) y 24 licencias locales de TV por cable de la actual Cablevisión en ciudades que no tengan incompatibilidades con sus señales de televisión abierta.
La unidad 2 se quedará con la mayor parte de las operaciones de Cablevisión y Fibertel, 24 licencias de cable y el canal Metro. Allí, el grupo Fintech de David Martínez conservará el 40% de su paquete accionario en Cablevisión. Sin embargo, el gobierno y la Afsca deben aún definir si esa situación es compatible con la reciente compra que el holding realizó de la compañía Telecom: la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que ningún prestador de servicios públicos puede tener participación en una prestadora de servicios públicos.
